La Procuraduría General de la República giró diversas órdenes de localización y presentación contra ex integrantes de grupos armados y radicales, para ser interrogados sobre posibles ataques del EPR a embajadas y secuestros de funcionarios federales, denunció uno de los implicados.

Con la detención de Hermenegildo Torres Cruz, miembro del desaparecido Partido Revolucionario Obrero Clandestino-Unión del Pueblo (PROCUP), la noche de este viernes, se confirmó que la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada busca información sobre próximos atentados y relacionada con los ataques a los ductos de Petróleos Mexicanos en Guanajuato, Querétaro y Veracruz.

Torres Cruz, ahora militante de Izquierda Democrática Popular, fue interrogado durante la madrugada de este sábado por espacio de tres horas por el fiscal Ernesto Hernández Ramírez, de la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas, quien le pidió información sobre la supuesta utilización de bombas que pretende colocar el Comando Jaramillista Morelense.

Este grupo subversivo se adjudicó los atentados a sucursales bancarias en Ciudad Industrial del Valle de Cuernavaca (Civac), ocurridos el 23 de mayo de 2004.

Entrevistado al salir de la SIEDO, el ex guerrillero dijo que le preguntaron si conocía a Enrique Itehua Salas, miembro de la guerrilla de Lucio Cabañas, o a Víctor Juan Espíndola Rojas, acusado de motín, asonada, lesiones contra elementos de la Policía Preventiva Estatal de Morelos y daño en propiedad pública, por el incendio de una patrulla del municipio de Tlalnepantla, de esa misma entidad.

Reveló que le formularon alrededor de 12 preguntas, entre ellas si conocía a Edmundo Reyes Amaya y a Gabriel Cruz Sánchez, miembros del EPR presuntamente desaparecidos, sobre la bomba colocada en un automóvil estacionado en la Torre Mayor, el pasado 30 de agosto, y su relación con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia.

Hermenegildo Torres Cruz estuvo preso durante siete años por “haber participado en la insurgencia”, y colocar artefactos explosivos en sucursales bancarias y negocios en 1991. Sin embargo, asegura que ya se retiró de las armas.

Torres Cruz fue detenido la noche del viernes por al menos 10 agentes federales en la calle de Nezahualcóyotl, al término de una asamblea de Izquierda Democrática Popular.

“Me aplicaron la famosa china, rodé con ellos, tres policías sacaron armas de fuego apuntándonos y, al final, uno de ellos dijo: ‘somos la PGR’, con la charola. No presentaron ninguna orden de aprehensión, ningún documento, nada”, narró.

Al momento de su detención los agentes adscritos a la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas le informaron que se trataba de una orden de presentación, pero al llegar a la SIEDO le dijeron que estaba relacionado con una averiguación previa y que se encontraba en calidad de testigo.

“Entonces le digo, ¿y si no declaro? Porque necesito un abogado, una persona de mi confianza, y me dice: ‘no, porque no eres indiciado, eres testigo’. Perfecto voy a declarar”.

—¿Qué tipo de preguntas le hicieron?

—Que qué sé del Comando Jaramillista Morelense y acerca de bombas que van a colocar en el estado de Morelos, y acerca de qué sé sobre que el EPR está planteando el secuestro de funcionarios federales y la colocación de bombas en varias embajadas.”

Bandazos

El 10 julio, tras los ataques a gasoductos de Pemex en el Bajío, la PGR detuvo en Querétaro a dos profesores que militan en el Frente Popular Revolucionario.

Los profesores de primaria Faustino Hernández Meza y Roberto Aparicio Moreno fueron sometidos a cinco interrogatorios durante 10 horas, desde la noche de ese día 10 hasta las primeras horas del día 11, en busca de vínculos con el EPR.

Los profesores fueron liberados por falta de elementos inculpatorios. Ayer, la PGR interrogó a un ex guerrillero respecto de probables vínculos con el EPR.

El Departamento de Estado ofreció que compartirá con México cualquier información que tenga para prevenir nuevos atentados terroristas.
Al afirmar que México y Estados Unidos tienen “una buena relación de trabajo” en temas de seguridad, especialmente después de los ataques del 11 de septiembre de 2001, el portavoz diplomático estadounidense Sean McCormack hizo notar que esa vinculación es para “acrecentar esa relación de seguridad y de información compartida”.
Al mismo tiempo, el grupo Stratfor, una organización que brinda análisis de seguridad para empresas, destacó que el Ejército Popular Revolucionario (EPR) parece haber evolucionado. “Hasta el verano, realizar múltiples ataques contra oleoductos parecía más allá de campesinos”, que según sus datos serían la mayor parte de los militantes del grupo.
“Parece probable que los ataques hayan sido encabezados por un fabricante de bombas bastante experimentado”, apuntó el análisis de “Stratfor” que especuló con la posibilidad de que se trate de “un marxista educado que se haya asociado con el grupo”.
Los atentados “sugieren fuertemente que el EPR o al menos una de sus células ha evolucionado, expande su rango de blancos y eleva su ritmo de operaciones”, con el uso de “artefactos explosivos improvisados” (IED por sus
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siglas en ingles) “más poderosos que los artefactos comúnmente usados por el grupo”.
Otro analista de seguridad, John Robb, indicó por su parte que México está en “una situación sin paralelo en la que dos populares facciones políticas están en una lucha a muerte” al tiempo que pandillas y grupos criminales prácticamente desafían al Estado mexicano y por tanto “hay un enorme conjunto de actores” sociopolíticos que podrían tratar de aprovechar la oportunidad.
En todo caso, al responder a preguntas sobre los ataques presuntamente realizados por el Ejercito Popular Revolucionario contra oleoductos, McCormack asentó que no tiene información respecto a los ataques del EPR en particular o en torno a información de inteligencia que hubiera sido compartida acerca de actividades de grupos terroristas.
McCormack dijo carecer de información en cuanto al efecto que los atentados hubieran podido tener sobre la capacidad mexicana de exportación de petróleo.
México y Estados Unidos se encuentran en lo que se considera como etapas finales de la negociación de un “paquete” de asistencia de seguridad estadounidense para incrementar las capacidades mexicanas en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico.

Las recurrentes fallas en los sistemas de inteligencia del Estado mexicano se vuelven cada vez más graves, y obligan al presidente Calderón a un reajuste urgente que frene la debacle¿Qué pasó, señores? Desde hace poco más de un mes, un agente encubierto en Oaxaca reportó al Cisen que el EPR preparaba un atentado, sin poder precisar si se trataba del secuestro de un alto funcionario o empresario, o si serían nuevos sabotajes. Igualmente, la oficina de la CIA en México comunicó al gobierno de Felipe Calderón por las mismas fechas que tenían información de que existía la posibilidad de un atentado contra un alto funcionario o contra un militar. Las alertas se prendieron. La información provenía de fuentes tan serias que para el viaje a Asia y Oceanía, el Presidente decidió dejar en casa, ante la inminencia de un ataque, a su superasesor Juan Camilo Mouriño.

De nada sirvió. La madrugada del 10 de septiembre, exactamente dos meses después de que el EPR saboteara ductos de Pemex en Querétaro y Guanajuato, seis nuevas explosiones en tuberías de la empresa en Veracruz provocaron daños económicos en 12 estados y a 25% de la producción de gas, motivando que el mercado mundial tuviera un impacto al alza el mismo lunes. Cuando menos cuatro comandos del EPR colocaron las bombas, que tenían los mismos componentes de Semptex, Anfo y fertilizantes que emplearon en el Bajío. En cuatro gasoductos en Veracruz fueron colocados en las válvulas de seccionamiento, donde más se estresa el metal, igual a la que explotó en el ducto en Querétaro dejando hoyos similares de seis metros de profundidad.

¿Qué pasó, señores? Tras las explosiones en Querétaro y Guanajuato, la responsabilidad recayó en el director del Cisen, Guillermo Valdés, quien llegó a ese cargo por insistencia de su viejo amigo, Felipe Calderón, con quien participó en su cuarto de guerra durante la campaña presidencial. Valdés, un politólogo, no tenía idea de lo que eran los servicios de inteligencia, y los sabotajes del EPR no necesariamente lo tomaron desprevenido, pues el Cisen había detectado una comunicación intensa de la guerrilla en los días previos. Lo que no supo fue cómo procesar la información, ni cómo enfatizar la gravedad de lo descubierto en las reuniones del gabinete de seguridad nacional, que se reúne los lunes en Los Pinos. Colocado públicamente en la picotilla, dentro del gobierno lo cobijaron.

El secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, de quien depende el Cisen, lo llamó para darle calor político. En una plática poco después de las explosiones en El Bajío, le reconoció que el Cisen había sufrido un abandono durante los últimos 10 años, y que había sido terminado de desmantelar en el sexenio pasado. Que no se preocupara, le subrayó, porque tenía instrucciones de darle recursos para mejorar la capacidad humana y tecnológica del maltratado Cisen. El respaldo a Valdés no resolvió nada.

Las explosiones en Veracruz volvieron a mostrar las deficiencias que enfrenta la inteligencia civil del Estado Mexicano. En el caso de los sabotajes, un argumento que manejan altos funcionarios mexicanos es que los más de 62 mil kilómetros de tuberías de Pemex por todo el país hacen humanamente imposible vigilarlas todas. Sin embargo, de ese total hay 4 mil que se consideran estratégicas, donde la vigilancia puede ser acotada y reforzada. No ha sido así, ni desde el 10 de julio pasado que se comprometieron a reforzarla, ni desde 2001, tras los atentados terroristas en Estados Unidos, donde las Fuerzas Armadas mexicanas iniciaron el Plan Centinela a fin de evitar ataques en instalaciones estratégicas.

Actos terroristas o de movimientos armados no se frenan con poderío militar o policial. Lo que ayuda es un eficiente sistema de inteligencia que permita anticiparlos mediante la obtención de información. Ésta proviene de agentes encubiertos por un lado —como aquél que envió el reporte desde Oaxaca advirtiendo que venía un ataque del EPR—, o por lo que se puede lograr en los interrogatorios de detenidos. En el caso de las explosiones en Veracruz, asumiendo que el EPR fue el responsable de ellas, se pueden argumentar serias fallas en el procesamiento y prevención. Si se sabía que venía una acción militar del EPR, ¿cómo se pudo lograr con tanta limpieza? Sólo se puede explicar por las enormes deficiencias del aparato de seguridad mexicano.

El Cisen tiene desde 2000 una serie de plantillas que permiten decodificar los comunicados del EPR. Normalmente, cuando los comunicados son extensos, significa que incorporan una serie de mensajes que sólo pueden ser descifrados si se tiene la documentación adecuada. Aunque el EPR guardó silencio en las últimas semanas, hubo dos comunicados que debieron haber sido interpretados adecuadamente. Uno, de la comandancia general del EPR hace casi dos semanas erigiéndose como los únicos voceros oficiales, y el otro, una carta de Francisco Cerezo Quiroz y Emiliana Contreras, jefes del EPR, a sus hijos, hace unos 10 días. El Cisen, como a principios de julio, confirmó la inminencia del ataque, pero Valdés, como en ese entonces, no tuvo la energía dentro del gabinete de seguridad nacional para hacerse oír.

Por otra parte, tras las explosiones en El Bajío, las fuerzas de seguridad iniciaron una búsqueda de células del EPR que los llevaran a sus jefes o que aportaran más luz sobre los eventuales atentados. Pero semanas de intensa persecución arrojaron pocos éxitos. Una célula del EPR detenida en Morelos días después de las explosiones en El Bajío produjo información sobre secuestros, pero no mucho más. Tampoco se ha detenido a algún jefe guerrillero. ¿Qué pasó, señores? Valdés no ha rendido frutos, y es la segunda ocasión en dos meses que falla. Inteligencia militar, que por vías legales y presuntamente al margen de la ley, está persiguiendo al EPR, tampoco. Las áreas de inteligencia no están funcionando adecuadamente. El responsable de la coordinación de seguridad nacional es Ramírez Acuña, a quien le ha faltado carácter y mando para articular a los diferentes grupos que responden por ella. Por ejemplo, el que atiende instalaciones estratégicas, bajo la dirección del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, ha tenido reuniones durante los dos últimos meses sin que la Secretaría de la Defensa, responsable directo de la seguridad, haya enviado a representante alguno. Los militares no sólo sabotearon a García Luna, sino a Ramírez Acuña y al presidente Calderón.

Los resultados están a la vista. La desarticulación conlleva a la incapacidad, y la suma de ambas, a la vulnerabilidad del Estado mexicano a todo tipo de ataques y procesos de desestabilización. Es inadmisible, pero el presidente Calderón parece estar dispuesto a seguir tolerando estas fallas en su sistema de inteligencia. Un ajuste de funcionarios responsables es lo mínimo que podría exigírsele, pues el tema de los sabotajes no es un problema interno de su gobierno, sino uno mayor para el país, donde la responsabilidad principal sobre la seguridad, hay que recordárselo, es de él.

Contrariamente a lo que muchos puedan creer, no todo se ha escrito sobre el EZLN. Todavía pueden aparecer trabajos que hagan grandes aportaciones al conocimiento de esta organización. Éste es el caso del libro de Marco Estrada, La comunidad armada rebelde y el EZLN. El joven autor, especialista en Hannah Arendt, entrega aquí los resultados de su primera investigación empírica, que deparará al lector múltiples sorpresas. La primera de ellas es que el Subcomandante Marcos aparece mencionado pocas veces. No es que este personaje no resulte crucial para entender el desarrollo del conflicto chiapaneco, pero cuesta trabajo imaginarse a otro líder político capaz de conjuntar simultáneamente tantos y tan contradictorios apoyos, con su habilidad para mantenerse durante años en los medios de comunicación, para finalmente dilapidar todo su capital político sin haber conseguido nada tangible para sus seguidores. Sin embargo, un político sólo logra influir en los acontecimientos si cuenta con el apoyo de importantes sectores de la población. Es por ello que un estudio serio sobre el neozapatismo tiene que desentrañar las razones de quienes fueron el sustento más sólido del Subcomandante: las bases de apoyo del EZLN. Esto es justamente lo que logra Marco Estrada, tras haber realizado repetidas estancias de campo en diversas comunidades tojolabales con presencia neozapatista, haber asimilado la desigual bibliografía sobre el tema y haberse armado de un sentido común a prueba de todo discurso demagógico. Obviamente los indígenas que aparecen en su libro no conforman una masa indistinta de campesinos manipulados por líderes urbanos. Por el contrario, los tojolabales que desfilan por el libro tienen su propia historia personal y sus propios ideales, aunque todos comparten una tradición de organización política y social. Con el fin de mejorar sus dramáticas condiciones de vida y de proporcionarles nuevas oportunidades a sus hijos, han sabido apropiarse de muy diversas ofertas políticas y religiosas. Han sido –mientras han querido– agraristas o resignados peones acasillados; católicos liberacionistas o evangélicos; maoístas o cenecistas; bases de apoyo neozapatistas, aliados coyunturales del EZLN u opositores a la vía armada; perredistas, petistas o priistas. Marco Estrada quiere, con una enorme pasión intelectual, comprender las razones de todos y darlas a conocer. Para lograr lo primero, habló con líderes y campesinos de todas las organizaciones. Para transmitir sus descubrimientos, recurre a menudo a fragmentos de estas entrevistas, que contextualiza con gran habilidad para develar el significado profundo de estos proyectos encontrados. Marco Estrada no busca juzgar a sus entrevistados ni aleccionar a sus lectores, menos aún defender alguna causa política: sus valores personales son los que aseguran la coherencia de su investigación. En cambio, se muestra implacable con aquellos que buscan encubrir la compleja realidad chiapaneca para sustituirla con visiones maniqueas. A pesar de lo que puedan creer los lectores de La Jornada, Marco Estrada tampoco está interesado en desenmascarar al Subcomandante o desprestigiar al EZLN. Sería pura pérdida de tiempo: el propio dirigente rebelde se ha encargado de convertir lo que llegó a ser un amplio movimiento social en una secta política, cuyos últimos seguidores enarbolan retratos de Stalin. Por otra parte, un amplio sector de la izquierda sigue sin asimilar los ataques del “sub” contra López Obrador, a pesar de que, desde las elecciones locales de 1995, Marcos dejó en claro que iba a sabotear todos los esfuerzos electorales del partido político que lo defendía incondicionalmente. Hay incluso quienes piensan que el abstencionismo promovido por Marcos privó a López Obrador de los votos que le faltaron para ganar la elección. Me parece que estas personas sobrestiman el número de indígenas neozapatistas que quedan en Chiapas. En efecto, como muestra Marco Estrada en el último capítulo de su libro, la desbandada de las bases de apoyo, incluso en bastiones del EZLN como Guadalupe Tepeyac, ha alcanzado proporciones altísimas. El autor tampoco pierde su tiempo en poner en evidencia el autoritarismo y la intolerancia del EZLN, que se esconde tras un discurso demagógico. Tiene razón: nadie puede competir en ello con Hermann Bellinghausen. En efecto, el cronista oficial del EZLN publicó una nota en La Jornada del primero de agosto, en la que, a falta de poder esgrimir argumento alguno contra el libro, acusa al autor –y de paso a El Colegio de México y al Conacyt– de dar “un inusual sustento ideológico y académico” a una “campaña de contrainsurgencia” contra la comunidad 24 de Diciembre. No hace falta más para que todos comprendamos qué es lo que el EZLN entiende por “un mundo en el que quepan todos los mundos”. Precisemos que la supuesta “campaña de contrainsurgencia” es, en realidad, un conflicto de tierras, como existen decenas en la Selva Lacandona. Casi siempre, el objeto de estas disputas son las tierras invadidas en 1994 y 1995. Por lo general, un grupo –el que se mantiene leal al EZLN– conserva la posesión de las tierras gracias a sus armas; pero carece de títulos porque se ha rehusado a negociar con el gobierno. El otro grupo –a menudo antiguos aliados del EZLN, más rara vez miembros de otra organización campesina– ha recibido del gobierno los títulos de propiedad, pero no tienen acceso a la tierra. Huelga decir que lo único que hace Marco Estrada es señalar la existencia generalizada de este tipo de conflictos, sin tomar partido por ninguno de los grupos enfrentados. Este ataque tan ruin contra un libro que mantiene siempre un tono muy mesurado, que trata con gran respeto a todos los entrevistados –independientemente de su afiliación política o religiosa– y que parecía destinado a tener un impacto político y mediático muy limitado, dado su carácter rigurosamente académico, puede parecer totalmente injustificado e incluso contraproducente. Sin embargo, el ataque tiene su razón de ser. El libro de Marco Estrada constituye una amenaza para uno de los últimos bastiones del neozapatismo: las universidades y los centros de investigación. En efecto, esta obra –que demuestra que sí se puede hacer trabajo de campo en las regiones con presencia del EZLN, que desborda de información, que documenta rigurosamente sus aseveraciones y que narra con claridad una historia sumamente compleja– viene a poner en entredicho decenas de trabajos académicos sobre el neozapatismo (por cierto, también financiados por la SEP y el Conacyt), que no pasan de ser alegatos políticos, aderezados con algunos datos –a menudo tergiversados–, con los que se pretende justificar su supuesto carácter científico. Después de La comunidad armada rebelde y el EZLN, nada volverá a ser igual: los defensores de la “ciencia comprometida” van a tener que esforzarse mucho más para convencernos de que lo que hacen es investigar

Los cárteles de las drogas en México están mermados y por ello varias organizaciones recurren al secuestro, venta de protección u otras actividades ilícitas, afirmó el titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo), Noé Ramírez Mandujano.

También comentó que los grupos guerrilleros como el Ejército Popular Revolucionario (EPR) han encontrado en el secuestro una forma tradicional de allegarse recursos para llevar a cabo sus actividades guerrilleras.

Al participar en el Congreso Internacional de Balística Forense y artefactos explosivos efectuado en el Instituto Nacional de ciencias penales (Inacipe), Ramírez Mandujano, explicó que la disminución en la operatividad de los cárteles de las drogas se debe a la falta de recursos financieros y de materia prima para sus operaciones.

Según el funcionario, las organizaciones criminales de este tipo han perdido poder en México por las acción de las autoridades, y comentó que entre los grupos en los que hay evidencia de esta caída están los Cárteles de Tijuana y del Golfo.

Por otra parte y al referirse al artefacto explosivo colocado hace unos días en el edificio de la Torre Mayor, ubicado en Paseo de la Reforma, dijo que los avances confirman que se trató de una simulación.

Acompañado por el director del Inacipe, Gerardo Laviaga, y después de inaugurar el Congreso, Ramírez Mandujano dio a conocer que hay una grabación de video con la imagen de quien colocó en el estacionamiento de la Torre Mayor el vehículo donde iba el citado artefacto, el cual consistía en unos cilindros y un cable que simulaba llevar a una corriente eléctrica, pero que además por la cantidad de pólvora no era posible que explotara.

En el Congreso que inició hoy y concluirá el próximo viernes se analizarán los avances y perspectivas del análisis científico en los temas de balística, artefactos explosivos y tecnología en la materia. En este evento participan expositores de España, Francia, Canadá y México.

La Procuraduría General de la República (PGR) ordenó la comparecencia de diversos servidores públicos de Petróleos Mexicanos (Pemex) dentro de las investigaciones tendientes a esclarecer los actos de sabotaje perpetrados en instalaciones de la paraestatal en julio de este año, presuntamente por integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR).

De acuerdo con un informe de la PGR, el agente del Ministerio Público federal adscrito a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), giró citatorios en contra de siete funcionarios públicos pertenecientes al departamento de vigilancia de poliductos de Pemex, “a efecto de recabar datos que sean útiles para la investigación”.

Los mandamientos ministeriales fueron girados desde el mes de agosto de este año dentro de la averiguación previa número PGR/SIEDO/UEITA/054/20007, en la cual se investigan las detonaciones registradas en ductos de Pemex los días 5 y 10 de julio de este año en municipios de los estados de Guanajuato y Querétaro, respectivamente.

Al tiempo que el representante social solicitó la declaración de los servidores públicos, también requirió a la paraestatal en Guanajuato remita a la PGR, “los reportes, planos en isométrico (perspectiva), hojas de seguridad, reportes de inspección y del sistema de monitoreo de Pemex, así como de los trabajos de mantenimiento preventivo o correctivo realizados por parte de la paraestatal o empresa contratada en el lugar afectados y las especificaciones técnicas y de operación de válvulas de seccionamiento”.

Lo anterior, con el fin de contrastar el dicho de los servidores públicos con los informes oficiales de la paraestatal y, en su caso, detectar alguna anomalía que pudiese haber facilitado la realización de los ataques, sea por cuestiones de negligencia, omisión o presunta relación de alguno de los trabajadores con este tipo de organizaciones subversivas.

En cuanto a la autoría material de los atentados, el reporte de la PGR revela que agentes federales, en investigación, han practicado diligencias de cateo en domicilios de los probables responsables de estos hechos.

Durante dichas diligencias, agrega, se han asegurado 24 cartuchos útiles calibre 9 milímetros y diversa documentación con las siglas FPR, correspondientes al grupo subversivo Frente Popular Revolucionario.

Organización identificada por las autoridades federales como actores principales en algunas movilizaciones durante el conflicto magisterial de Oaxaca, así como uno de los brazos políticos del Ejército Popular Revolucionario.

Hay que recordar que el 10 de julio de este año, el EPR, a través de un comunicado difundido en internet, se adjudicó las explosiones registradas en ductos de Pemex en los estados de Guanajuato y Querétaro, motivadas, según se explicó, por la desapa-
rición, desde el 25 de mayo de este año, de dos de sus integrantes, Edmundo Reyes Amaya y Raymundo Bravo o Gabriel Alberto Cruz Sánchez.

Ataques insólitos

Los atentados a los ductos de Petróleos Mexicanos daban otra magnitud a los actos de la guerrilla en México.

Salamanca, Celaya y Valle de Santiago, Guanajuato, se cimbraron la madrugada del 5 de julio, al registrarse cinco explosiones, cuatro de éstas seguidas de incendios en los gasoductos de Pemex.

El estallido se produjo en la válvula de seccionamiento en la carretera Salamanca-Valle de Santiago.

El 10 de julio se dio otra serie de explosiones en ductos de la paraestatal en el estado de Querétaro.

El Ejército Popular Revolucionario (EPR) se adjudicó los atentados y dijo en un comunicado que se debían a la desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez .

En su mensaje a la nación, el presidente Felipe Calderón se comprometió en los dichos a castigar a quien en su gobierno viole los derechos humanos. En los hechos, lo solapa

Felipe Calderón no es el primer Presidente con un trato altamente diferenciado hacia el Ejército. Pero quizá lo que sí lo distingue de sus antecesores es que es el Presidente que ha mostrado tener el alma más verde. No es sólo su estrecha relación personal con el secretario de la Defensa, general Guillermo Galván, sino la forma como le ha permitido todo, menos una petición: sacar al Ejército a las calles, indiscriminadamente, en todo el país. El general Galván acató la instrucción, pero, se puede decir, no del todo.

Hace tres semanas, sin notificar a ninguna autoridad civil, los militares realizaron un operativo en el poniente de la ciudad de México en busca de células del EPR, dentro de una campaña de liquidación contra la dirigencia de la guerrilla. Allanaron casas sin autorización alguna, levantando de sus camas a familias enteras —por cierto, ninguna vinculada con el EPR—, atemorizando a vecinos y vecindarios. La acción estuvo a punto de desbordarse y provocar un enfrentamiento a tiros con la autoridad capitalina, salvada en último momento por una llamada del alto mando militar al secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, Joel Ortega, para informarle que eran unidades a su cargo las que realizaban el operativo.

En la antepasada, dejaron correr la especie de que un personaje llamado Óscar Nahúm, sin apellidos, era en realidad el senador René Arce, la figura política más poderosa dentro del PRD en el Distrito Federal. A menos que la inteligencia militar, a la que se le acreditó como fuente central de la versión periodística, tenga una información que no se encuentra en los archivos del resto del gobierno mexicano, lo que hizo fue avalar una mentira. El expediente del Cisen sobre el EPR da cuenta de tres familias fundadoras —todas provenientes del desaparecido PROCUP—: los Canseco Ruiz, los Cruz Sánchez y los Círigo Vázquez. A diferencia de los Cruz Sánchez, la familia Canseco Ruiz ha sido muy golpeada con los años, y buena parte de sus integrantes dejaron la lucha armada y son luchadores sociales.

En el caso de los Círigo Vázquez, el documento es muy claro para señalar que la gran mayoría de sus integrantes dejaron la lucha armada hace cuando menos dos décadas para realizar actividad política dentro del marco legal. René Arce, que proviene de esa familia, o su medio hermano Víctor Hugo Círigo Vázquez, líder de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se encuentran en esa situación. No así su otro hermano, Óscar Nahúm Círigo Vázquez, alias El Avión, a quien el Cisen identifica como el jefe militar del EPR que realizó un ataque en Huatulco en 1996, como parte de una serie de acciones simultáneas en seis estados. Lo último que presume el Cisen de Óscar Nahúm, a quien tienen identificado en fotografía, es que es el jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo, que se escindieron del EPR.

La semana pasada fue el último acto militar por la libre. Sin decirle nada a nadie en el gobierno federal, menos aún al capitalino, un comando ingresó a un muy concurrido restaurante en la zona afluente de Polanco para arrestar a varios presuntos narcotraficantes, incluido a quien presumen lugarteniente de Heriberto Lazcano, jefe de Los Zetas y aparentemente el nuevo líder del cártel del Golfo, y dos colombianos, responsables de finanzas y logística del cártel del Valle, de Colombia. Los militares los tuvieron retenidos durante ocho horas, antes de ser puestos a disposición de las autoridades civiles, competentes en la materia, lo que representa una arbitrariedad jurídica.

¿Qué está pasando en el Ejército mexicano? El apoyo político que da la Secretaría de la Defensa Nacional al presidente Calderón está teniendo un alto costo para amplios sectores de la sociedad, que se incrementará en la medida en que no se le ponga un alto. Lo que reflejan esas acciones militares son manejo extralegal, violación de los derechos humanos y conculcación de garantías individuales. Ya sea por el combate al narcotráfico o contra el EPR, el Ejército está modificando su doctrina y función, creando bolsas de estados de excepción en el país donde sólo la suya es ley. La operación militar en Michoacán, dentro de la lucha contra el narcotráfico, es emblemática.

El gobierno federal afirma que le han quitado espacios de poder a los cárteles de la droga, recuperando dominio territorial. Es cierto, pero ¿a qué costo? El general Galván ha enviado a soldados por cuando menos ocho estados del país en forma regular para tareas de seguridad pública, y establecido retenes en todo el país, violando la Constitución. El Ejército sólo puede realizar operativos de vigilancia e inspección para los fines de seguridad pública, cuando la autoridad responsable, la Secretaría de Seguridad Pública, solicite ese apoyo, o cuando lo solicite expresamente la autoridad civil.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene documentados abusos de los militares contra población civil. En un informe preliminar que dio a conocer su titular José Luis Soberanes, anticipó la presunción de atentados militares contra cuatro mujeres menores de edad, dos casos de tortura, cateos ilegales, detenciones arbitrarias, allanamientos de morada con daños en propiedad ajena, atentado a la integridad física y ejercicio indebido del servicio público. Investigaciones posteriores encontraron en Michoacán casos de varios militares que dieron positivo en las pruebas para saber si estaban bajo el influjo de la cocaína.

La respuesta presidencial a los atropellos de los militares ha sido de mayor apoyo. Por decreto, autorizó al general Galván la creación de un cuerpo de élite que no sólo actúe contra la delincuencia organizada, sino para intervenir contra cualquier evento que considere genere inestabilidad política.

Esta disposición vuelve a violar la Constitución, al tener los militares un mandato ejecutivo que les permite operar sin la autorización expresa del Congreso bajo parámetros de estado de sitio, justificando al mismo tiempo la represión de aquellos que expresen en forma beligerante su inconformidad con el estado de las cosas.

Los abusos permitidos por la Presidencia deben tener un fin. La CNDH está preparando una serie de recomendaciones a la Secretaría de la Defensa por las violaciones a los derechos humanos cometidos en la lucha contra el narco, y en el Congreso preparan una reforma judicial que impida al Ejecutivo violentar la ley amparado en las lagunas jurídicas existentes. Pero no pueden ir solos. La sociedad no debe confundir que aun en el combate contra la delincuencia organizada o los grupos que realicen actividades fuera de la ley, un Estado no puede actuar ilegalmente ni bajo el régimen hobbesiano de la ley del más fuerte. Tolerar que el Estado viole la ley para salvaguardar la seguridad de los ciudadanos es abrir la puerta a un Estado represor que, por el silencio colectivo en el que nos encontramos, va avanzando hacia una consolidación. Esto debe ser frenado antes de que sea demasiado tarde.

Los gobiernos mexicanos encabezados por los mandatarios Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970) y Luis Echeverría (1970-1976) usaron numerosos instrumentos para el control de la prensa lo que supuso otra “guerra sucia”, junto a la represión a disidentes, dice el investigador Jacinto Rodríguez Munguía.El también escritor acaba de publicar el libro La otra guerra secreta. Archivos prohibidos de la prensa y el poder (Random House Mondadori, 2007) en los que revela los sistemas utilizados por estos gobiernos, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), para “domesticar” a los medios de comunicación.

Tras varios años de revisión de miles de documentos oficiales, que fueron conservados pese a las órdenes presidenciales de destruir evidencias, Rodríguez relató cómo los gobiernos vigilaron puntualmente todas las expresiones de cada medio y de cada periodista.

El investigador explica que el gobierno dio todo tipo de facilidades a los medios y comunicadores “amigos”, como subsidios indirectos. La entrega de publicidad oficial fue otro de los mecanismos usados para apoyar o castigar a los periódicos.

Entre los casos más notorios de represión en la década de los 70 estuvo la desaparición del Diario de México o el boicot contra Excelsior cuando estaba dirigido por Julio Sherer, quien fue expulsado de ese periódico tras un golpe promovido desde el poder en 1976.

Asimismo, el libro de Rodríguez incluye copias de cartas, escritos de diversos periodistas, muchos de ellos aún activos, que revelan los vínculos cercanos que mantenían con los altos funcionarios.

En su investigación, el escritor recogió las evidencias documentales —oficios, fichas, notas y cartas— que demuestran cómo se controló y sobornó a comunicadores mediante la inclusión en nóminas secretas, entregas de dinero, regalos, privilegios, acceso a la información o favores personales, todo a cambio de ocultar temas incómodos para el gobierno.

El investigador recuerda que el gobierno tenía la regla de no guardar ni listas ni recibos de los pagos a periodistas, pero algunos funcionarios conservaron documentos sobre las cifras entregadas a medios y comunicadores en las que aparecen los nombres de los mayores diarios del país, algunos de sus directores, redactores y reporteros.

Entre los períodos de mayor control contra la prensa, Rodríguez cita el conflicto juvenil estudiantil en 1968, cuando el gobierno ocultó la información de las protestas masivas, de los actos de represión, encarcelamiento y desaparición de numerosos activistas.

En particular, los medios silenciaron o dieron sólo la versión oficial de la matanza del 2 de octubre de ese año, cuando el Ejército mexicano disparó contra un mitin de estudiantes en la plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, en la capital, con un saldo de tres decenas de muertos, aunque informes no oficiales lo elevan a unas 400 víctimas mortales.

“Estamos hablando de los movimiento sociales más fuertes de los años 60, que se cerraron con el 2 de octubre del 68 y luego el surgimiento de una guerrilla, tanto urbana como rural que es totalmente invisible”, indica Rodríguez.

El autor considera que esa historia no se encuentra documentada en ninguno de los medios de comunicación de la época.

Asegura que esos métodos se mantienen hoy en día y considera que muchos medios mantienen una actitud crítica con el poder como arma de negociación.

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Estado, Heriberto Salinas Altés, consideró “preocupante” que haya grupos guerrilleros en Guerrero, y planteó la necesidad de iniciar un diálogo con ellos.

Entrevistado durante el seminario “Monitor civil de la Policía en Guerrero: Diálogo con la experiencia nacional e internacional”, el General en retiro dijo que a raíz de los atentados que recientemente hubo en instalaciones de Pemex en Querétaro y Guanajuato, por parte del EPR, han implementado medidas de seguridad en Guerrero.

“Las instalaciones vitales que pueden afectar a la población, como las instalaciones de Pemex y presas, siguen resguardadas las fuerzas armadas”.

El funcionario refirió que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado custodia las instalaciones de telecomunicaciones, así como los sistemas de agua potable.

Expresó que, en su opinión, las demandas que plantean estos grupos guerrilleros que operan en Guerrero son de carácter político y que, por lo tanto, merece una solución en el mismo sentido.

Afirmó que en Guerrero existe preocupación por la presencia de los grupos subversivos, pero también por los grupos delictivos.

“Yo insisto que a estos grupos (guerrilleros) se les debe de dar una solución por la vía política”, añadió.

Sobre Omar Guerrero Solís, alías el “comandante Ramiro”, del ERPI, Salinas Altés mencionó que no es guerrillero, sino “un delincuente que ha cometido una serie de ilícitos”.

Informes de la Procuraduría General de Justicia del Estado señalan que Guerrero Solís comanda una columna de guerrilleros del ERPI que tienen asolada la región de Tierra Caliente, donde han cometido secuestros.

A raíz de la detención del presunto miembro del ERPI, Arturo Duque Alvarado, en la región de Tierra Caliente, efectivos del Ejército mexicano mantienen un operativo en esa región, para lograr la desarticulación de la célula que encabeza Guerrero Solís.
 

El senador perredista René Arce Islas, a quien informes militares acusan de haber sido dirigente de la guerrilla, se lanzó a la contraofensiva y dijo ayer que las acusaciones son represalia por un proyecto suyo.

Los servicios de inteligencia militar del Estado mexicano “están construyendo una coartada para atentar contra mí” por haber presentado “un proyecto de ley para que les quiten el fuero a los militares que cometen delitos comunes”, manifestó el legislador.

Un informe de inteligencia militar de México, citado por la publicación en internet “Reporte Indigo”, señala al perredista como parte de la dirección del Ejército Popular Revolucionario (EPR).

Confirmación La publicación, que también afirma que la versión militar fue confirmada por la inteligencia civil, dice que Arce Islas militó en otro grupo armado en los años 70, que su verdadero nombre es Oscar Nahum Círigo Vázquez y que es hermano de Víctor Hugo Círigo, presidente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Arce admitió que entre 1973 y 1975 formó parte de un grupo armado denominado Liga Comunista 23 de Septiembre, pero agregó que, desde que lo dejó, su militancia política de izquierda ha sido en el marco legal.

Aunque, en entrevista en “W Radio” nunca desmintió que se cambió de nombre, indicando que publicará próximamente un libro con todos los detalles de su paso por la guerrilla en los 70, afirmó que “los servicios están dando verdades a medias” y enfático sostuvo: “Niego cualquier relación con el EPR. No comparto ni sus métodos ni sus objetivos”.

El EPR se atribuyó la autoría de una serie de explosiones que dañaron ductos de gas de la empresa estatal Petróleos Mexicanos y que al romperse dejaron sin el combustible a decenas de importantes fábricas del centro del país.

Los del EPR, que también pusieron luego dos bombas en Oaxaca destruyendo la entrada de una tienda minorista, han desarrollado gran actividad en los últimos meses reclamando al gobierno la aparición con vida de dos de sus dirigentes, que dicen fueron detenidos y desaparecidos por elementos militares.