La entrada en vigor del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) no provocará estallidos sociales, consideró el titular de la Secretaría de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, al ser entrevistado al término de la 12 sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, realizada en Palacio Nacional.

“No hay ningún riesgo de conflictos sociales, todas las instituciones federales y los gobiernos estatales están haciendo su tarea para poder encontrar mecanismos y formas para salir adelante”, manifestó Ramírez Acuña.

De acuerdo con el funcionario, un alto número de campesinos mexicanos han encontrado mecanismos de crecimiento y desarrollo con estos acuerdos comerciales, a pesar de que varias organizaciones han señalado que con la entrada en vigor del capítulo agropecuario del TLCAN y el desgravamiento arancelario a las importaciones de maíz, fríjol, azúcar y leche en polvo se pone en riesgo la actividad de los productores mexicanos.

Las centrales campesinas han advertido que realizarán movilizaciones para exigir la revisión de los acuerdos comerciales que incluye el TLCAN, ya que socialmente también tendrá un impacto negativo que se traducirá en más desempleo y migración.

Pese a los señalamientos de las agrupaciones campesinas, el titular de Gobernación reiteró que “hay una gran cantidad de campesinos que han encontrado mecanismos de desarrollo”. Agregó que “el presidente Felipe Calderón dio la indicación a Alberto Cárdenas Jiménez, titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), para que se siente a platicar con todas las organizaciones con la finalidad de poder encontrar los mecanismos para que todos puedan encontrar la ruta para salir adelante. No hay ningún riesgo de estallido social”.

Por otra parte, Francisco Ramírez Acuña aseguró que el gobierno federal no considera que el Ejército Popular Revolucionario (EPR) realice acciones como los sabotajes a instalaciones petroleras ocurridas en julio de 2007, ya que se sigue investigando la desaparición de dos de sus integrantes, Edmundo Reyes Amaya y Raymundo Rivera Bravo o Gabriel Alberto Cruz Sánchez.

El funcionario señaló que las investigaciones siguen adelante y dijo que está convencido de que el EPR no realizará acciones, porque se está “haciendo todo lo posible para poder encontrarlos. Ellos (los del EPR) tienen conocimiento de que estamos haciendo un esfuerzo muy importante para encontrar a los desaparecidos”.

La sierra de Sinaloa que colinda con Durango y Chihuahua es un territorio donde el Ejército ha colocado focos de alerta ante la posibilidad de que existan campos de adiestramiento en el manejo de explosivos usados por la guerrilla, con la participación de ex kaibiles.Pero a un año de que inició el operativo Sierra Madre en esta zona, el hallazgo de un manual de entrenamiento kaibil y de explosivos usados por el EPR pasaron casi inadvertidos ante las marchas financiadas por el narco contra la presencia militar, de acuerdo con fuentes de la Defensa Nacional.

El 12 de noviembre de 2007 alrededor de 3 mil personas procedentes de diversos municipios se manifestaron por las calles de Culiacán, en una protesta nunca vista en el estado.

Algunos de ellos viajaron desde sus lugares de origen sólo con lo puesto, ya que a la mayoría les bastó con los 500 pesos, y en algunos casos hasta 2 mil, que les pagaron para sumarse a la movilización contra el Ejército en sus comunidades de la sierra.

Fuentes del Estado Mayor de la tercera región militar con sede en Mazatlán dicen que quienes estuvieron detrás de esa protesta, al igual que la primera ocurrida el 31 de octubre en Culiacán, fueron Víctor Cázares Gastélum y Joaquín El Chapo Guzmán.

Como en años recientes, la agenda de 2008 para el país estará dominada por la inseguridad y la violencia, pero con un peligroso componente adicional impulsado desde el gobierno de Felipe Calderón. De acuerdo con la versión propalada por las autoridades federales, el año que termina el Ejército Popular Revolucionario pasó de una organización de propaganda armada a una con capacidad para atacar las instalaciones estratégicas del país.

Sin más demostraciones que su discurso a partir de los atentados a los gasoductos de Pemex, el gobierno calderonista le dijo al mundo que la guerrilla en México salió de sus bastiones tradicionales de Guerrero, Oaxaca y Veracruz para actuar en regiones conservadoras como El Bajío, por donde cruza el gas que surte a la importante zona industrial allí instalada.

En esa lógica, se trató de ataques no sólo bien ejecutados, sino muy bien planeados a partir de información sensible del país en poder de esa guerrilla, a la que también en gobiernos anteriores la han vinculado con el narcotráfico.

Si ya fue Pemex, según esa versión oficial, lo que seguiría entonces son ataques a las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad, Comisión Nacional del Agua o cualquier otra dependencia o industria, como la de telecomunicaciones, a través de las cuales se puede causar un colapso en la actividad económica del país.

Aun cuando no haya sido el autor de los ataques, el EPR tiene ahora la imagen de un poderoso grupo con capacidad para desafiar al Estado mexicano. Pero si no lo fue, estaríamos ante un sabotaje promovido desde otros ámbitos.

Uno podría ser el de aquellos interesados en demostrar que el Estado mexicano padece una verdadera vulnerabilidad en sus instalaciones estratégicas. La motivación podría ser económica.

Otro se podría encontrar en el mismo gobierno, en particular en aquellos responsables de la seguridad nacional. No es raro, ni México sería el único país donde ocurriera, que haya autoridades interesadas en propiciar acciones para que el principal responsable de la seguridad de un país (el jefe de Estado) sea más resuelto en sus políticas.

Al hacer de la seguridad una de sus principales apuestas políticas, Calderón Hinojosa puede ser vulnerable a estos escenarios.

Y si en verdad estamos ante una poderosa guerrilla, entonces el escenario para 2008 es aún más complicado, pues las Fuerzas Armadas del país tendrían que multiplicar sus esfuerzos con todo y sus limitaciones de presupuesto. Sometidos por Calderón a una mayor presión y creciente desgaste social en su “guerra contra el narcotráfico”, los militares tendrían que ampliar sus acciones a combatir la guerrilla. Sobre todo porque después de esos atribuidos éxitos no habría razón para que el EPR se replegara.

No sería raro, tampoco, que alineado al discurso estadounidense, el gobierno mexicano imponga en la sociedad el tema del terrorismo asociado a la guerrilla. Si bien el Ejército está organizado para cumplir ambas tareas, su capacidad estaría más que limitada, aunque en esa perspectiva se debe entender la creación del nuevo Cuerpo Especial del Ejército formado este año por Calderón.

El Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal tiene la misión de “restaurar el orden y la paz públicas”, ya sea en el caso del narcotráfico o la guerrilla. Pero si para la lucha contra el narcotráfico el gobierno de Calderón se sometió al Plan México concebido en el Congreso de Estados Unidos —aún pendiente de aprobación—, en el caso de una guerrilla con la capacidad de ataque que ahora se le atribuye tendría que buscar el reforzamiento de las habilidades y entrenamiento militares, pues el nuevo cuerpo especial del Ejército está integrado por elementos que ya formaban parte de las Fuerzas Armadas.

Calderón apuesta también a que en el primer periodo ordinario de sesiones del Congreso se apruebe su iniciativa de reforma judicial, encaminada a vulnerar los derechos humanos bajo el pretexto de combatir a la delincuencia organizada y su nuevo enemigo: la potente guerrilla del EPR.

Este 2 de diciembre se cumple el 33 aniversario de la caída en combate, tras cruenta persecución e intenso cerco militar en la Sierra guerrerense, del profesor
Lucio Cabañas Barrientos, fundador del Partido de los Pobres (PDLP) y comandante de la Brigada Campesina de Ajusticiamiento, luchador social ejemplo de congruencia revolucionaria que obligado por la represión gubernamental optó por la vía armada para transformar la injusta sociedad que oprimía a los pobres.
Al hablar de Lucio Cabañas, si bien recordamos hechos acontecidos hace ya más de 30 años, nos estamos refiriendo a páginas de la historia nacional que aún no se han cerrado, los expedientes siguen abiertos: persisten en México más de mil 300 personas detenidas desaparecidas, 600 de ellas en Guerrero -más de 100 de éstas con el apellido del jefe insurgente; cientos de masacrados y decenas de ejecutados extrajudicialmente, sin olvidar los torturados y encarcelados sin respetar procesos legales.
Los responsables intelectuales y materiales de los delitos de lesa humanidad que enlutaron cientos de hogares y que agravian a la sociedad en su conjunto, permanecen en la impunidad. Con dificultad, la verdad se abre paso pero la justicia espera su turno, en un país en el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) nos ofrece dictámenes que exoneran lo mismo a genocidas como Luis Echeverría Álvarez que a gobernadores preciosos, vinculados con execrables hechos de pederastia.
Sin pretender hacer un prolífico recuento histórico en este breve espacio, cabe señalar que en Guerrero como en las demás entidades de la República, durante la segunda mitad del siglo XX, específicamente después de la Segunda Guerra Mundial, se calificó y persiguió la lucha democrática como acto subversivo. Quienes buscaban un cambio por vías legales -de la gestión, de la participación democrática y del liderazgo social- fueron señalados como subversivos y agitadores, fueron perseguidos, desaparecidos o encarcelados, y terminaron siguiendo los cauces de la rebelión.
La guerrilla no se explica como resultado de la actividad subversiva de algunos líderes tal y como lo señalaron el Ejército y los políticos de la época. La estructura de poder le cerró al pueblo todos los caminos legítimos y legales de solución a sus problemas y fue utilizada para beneficio exclusivo de los intereses de un reducido sector que pretendió perpetuarse como único beneficiario de las riquezas que se producían en Guerrero (copra, café, madera) y de las que se apropia de manera patrimonialista.
La guerrilla moderna en Guerrero surgió acompañada de dos liderazgos que se habían forjado en las luchas populares, el de Genaro Vázquez y el de Lucio Cabañas. Genaro Vázquez provenía de las luchas de la Asociación Cívica Guerrerense (ACG) en el trayecto que había transitado de la lucha contra la tiranía, a la lucha electoral ciudadana y de allí a la resistencia civil; todo ese proceso marcado por la represión de que estos movimientos fueron objeto, y de la clandestinidad a la que los líderes fueron obligados ya que fueron perseguidos y encarcelados.
Lucio Cabañas, que también participó en las luchas de los cívicos, emergió de las luchas estudiantiles -primero en la Normal Rural de Ayotzinapa, luego como militante de las Juventudes Comunistas de México (JCM) a las que ingresó en 1959, y posteriormente de su participación como secretario general de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM) de 1962 a 1963.
Ya como maestro, con su vinculación gremial con el Movimiento Revolucionario del Magisterio (MRM) que dirigía Othón Salazar y con las asociaciones de padres de familia con quienes tuvo siempre una relación muy cercana. Posteriormente asumió un liderazgo que fue un servicio de compromiso con los problemas de los pueblos -la explotación forestal cuya riqueza era arrebatada a los pueblos por grandes talamontes, los precios del café y el robo descarado de la sobretasa de impuesto que sólo sirvió para enriquecer a los que ya, de antemano, explotaban a los campesinos, y los problemas que las relaciones económicas y políticas derivaban en una violencia estructural que golpeaba al pobre.
Créditos altos, bajos precios, incumplimiento de obras de servicio a la población, falta de justicia para el pobre siempre que recurría a la autoridad. En toda esta lucha el profesor Lucio Cabañas estuvo siempre al servicio de los «principales» de los barrios y él mismo pasó a ser «principal», junto con los viejos.
La biografía de Lucio Cabañas es ejemplo de una vida entregada a una causa, como señala David Cabañas, hermano consanguíneo y de armas de Lucio: «…Nos brinda un conjunto de ejemplos de ética y principios a seguir… nace en un hogar humilde, se desarrolla políticamente dentro de las masas populares, se convierte en líder popular entre los estudiantes y entre el campesinado y consecuentemente, cuando el Estado le cerró los caminos para continuar demandando justicia para los suyos, pasa a la clandestinidad y crea la organización revolucionaria PDLP, organización de vanguardia que le permite seguir impulsando firmemente por una parte, la organización popular, las demandas populares y por otra, todas las formas de lucha; simultáneamente como maestro enseña a los suyos el arte de la guerra al responder a la brutal represión del Estado con la violencia revolucionaria de su pueblo causándole al enemigo importantes bajas.
«Lucio era un hombre con profundos sentimientos de solidaridad, preocupado por conquistar la justicia y la libertad que tanto anhelamos millones de mexicanos. Lucio Cabañas Barrientos se nos adelantó con el sueño de que su país mañana será socialista y por eso fue tan consecuente que cuando a él se le terminaba la posibilidad de continuar cumpliendo lo que consideraba que era su deber, prefirió morir combatiendo el 2 de diciembre de 1974.
«Las condiciones políticas, económicas y sociales que obligaron a Lucio a convertirse en líder social, hoy son aún más graves. La sociedad gradualmente viene perdiendo cada vez más las conquistas obtenidas a base de grandes esfuerzos y sacrificios de muchas vidas humanas. Estamos en la etapa histórica de globalizar la riqueza para unos cuantos millonarios y repartir la pobreza entre todos los pobres de los más pobres. Por eso Lucio Cabañas Barrientos hoy es tan vigente como hace 33 años.
Después de aquel 2 de diciembre, hubo muchas versiones acerca del paradero de los restos del comandante Lucio Cabañas Barrientos. En realidad se encontraban en el Panteón Municipal de Atoyac de Álvarez, en la Costa Grande guerrerense. En diciembre de 2001 se exhumaron sus restos y mediante estudios de ADN se confirmó que, efectivamente, correspondían al jefe guerrillero.
Desde el 2 de diciembre del 2002 los restos del profesor Lucio Cabañas Barrientos, fundador del Partido de los Pobres, se encuentran en la base de un monumento erigido en su homenaje en el Zócalo de Atoyac de Álvarez, como símbolo de la necesidad de continuar la lucha por alcanzar una patria justa para todos.
Julio Pimentel Ramírez y Abdallán Guzmán Cruz

México necesita de la cooperación internacio-nal para mejorar su efectividad en el combate a las organizaciones criminales del narcotráfico, pero esa cooperación se debe asemejar a la que establecen los gobiernos más respetados y no a una que sea aprovechada para fortalecer formas de dominación autoritaria y neocolonial.

Para garantizar la protección del interés nacional y mayoritario, el acuerdo de cooperación contra el crimen organizado entre México y Estados Unidos, debe ir al Senado de la República. En cualquier democracia que se respete a sí misma, una decisión de esta profundidad tendría que ser aprobada por el Congreso, e incluso, en algunos casos, sometida a referéndum.

Los ciudadanos, las fuerzas políticas y los legisladores debieran obligar a que, una decisión del mayor impacto sobre la política exterior, la política militar y la soberanía, sea previamente debatida con la profundidad y seriedad que merece, para limitar sus alcances a lo que realmente conviene.

El Plan debe ser exclusivamente para ayudar a combatir al crimen. No debe servir de cobertura para otros propósitos. Por ello es indispensable establecer desde el principio los límites, y eso sólo lo podrá hacer el Congreso.

El Plan no debe servir de pretexto para someter al Ejército mexicano a los dictados del Pentágono. Nuestro Ejército, a diferencia de otros ejércitos latinoamericanos, ha conservado una doctrina nacionalista y una autonomía que ha sido muy valiosa para el país. Las decisiones de política militar las deben de tomar el jefe del Ejecutivo y los mandos de las Fuerzas Armadas, con lo apoyos técnicos y de información necesarios, pero sin perder su lealtad al poder civil y a la tradición nacionalista en la que se ha forjado.

El Plan no debe extender su espacio de cobertura, como el Plan Colombia, a tareas de contrainsurgencia. Lo peor que nos podría ocurrir es que aquí, por torpes acciones represivas, se provocara la unificación de la guerrilla con el narcotráfico; o que, bajo el amparo del Plan, las visiones autoritarias se vean fortalecidas en su propósito de criminalizar la protesta social.

El componente financiero del Plan debe ser rigurosamente evaluado. La ayuda o donación que lleva implícita, generará una relación de supeditación: “quien paga, manda”. México es un país que puede pagar el costo del Plan íntegramente. Sólo representa una pequeña proporción de los ingresos petroleros y públicos. En cambio, aceptar la donación nos pondría completamente en manos del gobierno de Estados Unidos; al punto simbólico de que el Plan se sufragaría con el presupuesto y los inventarios militares destinados a Irak.

El Plan no debe servir de pretexto para apoyar fórmulas autoritarias de gobernación. México está en un grave riesgo de que, el peligro de la inseguridad, se utilice para restringir los derechos y someter la inconformidad. El Plan debe contener garantías estrictas contra el paramilitarismo y la violación de los derechos humanos.

El plan y la política de seguridad no deben ser instrumentos de manipulación política y electorera. Es urgente que se construya una política de Estado, de seguridad en democracia, donde la seguridad se sustente en la protección del orden constitucional en su conjunto y en el mejoramiento del sistema de justicia. No una circunscrita a la lucha entre grupos armados, sin restricciones legales.

Al propio jefe del Ejecutivo le conviene que otro poder participe. De otra manera, todas las presiones norteamericanas se concentrarán sobre su persona y, también, él cargaría con todos los costos que un plan de ese género tendrá, desde resultados insuficientes y violaciones de derechos, hasta el debilitamiento de las instituciones nacionales. Sobre todo si éste no está restringido por los principios democráticos, de legalidad y cuenta con el apoyo de todas las fuerzas políticas.

Sería lamentable que mientras el Congreso estadounidense inicia la discusión del Plan, aquí se hiciera todo lo posible por argumentar que no fuera al Senado. Ningún plan de seguridad será efectivo si, de manera simultánea, no se reconstituyen las instituciones, se gana autonomía para el Estado y se enfrentan con mayor determinación los problemas sociales. Cooperación sí; imposición no.

Hoy, como hace 39 años, cuando ocurrió la masacre de estudiantes y población civil el 2 de octubre de 1968 a manos del Ejército Mexicano, nuestro país vive una nueva versión de la guerra sucia contra opositores políticos y luchadoras y luchadores sociales.

Han transcurrido casi 40 años de uno de los acontecimientos del pasado negro de nuestra historia, dice en un comunicado el Centro de Comunicación Social (Cencos), con motivo del aniversario de la masacre del 2 de octubre, pero en nuestro país la política de terror que instauró el régimen priísta durante 70 años se perpetuó con los gobiernos panistas.

Actualmente se observan escenas y actos represivos que se pensaría habrían desaparecido con la “transición a la democracia” en un ambiente en el que se criminaliza a los movimientos sociales.

La tarde del 2 de octubre de 1968 miles de estudiantes salieron a la calle a protestar contra el autoritarismo gubernamental, que se hacía presente en persecuciones, secuestros, torturas y asesinatos contra quienes le mostraban públicamente su rechazo al régimen de Gustavo Díaz Ordaz, quien respondió enviando al Ejército y toda la estructura policiaca del gobierno reprimir y asesinar a quienes osaron manifestarle su repudio.

El reclamo de justicia sigue vigente hasta el momento ya que los responsables de la masacre gozan de total impunidad. Varios a quienes se señala como principales autores murieron sin que se ejerciera justicia por sus actos, dice Cencos.

Luis Echeverría Álvarez, secretario de Gobernación del gabinete de Díaz Ordaz y uno de los principales señalados como autor intelectual de la matanza, fue exonerado de genocidio por los hechos del 2 de octubre de 1968 por un magistrado el pasado 12 de julio de 2007, dando un portazo a familiares de las víctimas, ciudadanas y ciudadanos que reclaman justicia por la masacre de estudiantes y población civil en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco.

En su fallo, el magistrado Jesús Guadalupe Luna Altamirano reconoce que existió genocidio organizado y perpetrado por las autoridades de la época, sin embargo, los tribunales mexicanos no se han atrevido a ejercer la justicia sobre los responsables, como Echeverría Álvarez

El Estado tiene una cuenta pendiente con los familiares de las víctimas de la matanza del 2 de octubre de 1968, ya que por más de tres décadas no se les ha dado indemnización alguna por reparación del daño, daños y perjuicios o daño moral.

Reconocer el genocidio abre la puerta para que se exija al gobierno mexicano la reparación del daño efectuado contra la sociedad civil, como ha sido el caso de algunas naciones que padecieron igualmente crímenes de lesa humanidad, en mayor o menor escala que en México, en las que se reconoce el daño a la sociedad por el genocidio perpetrado a manos del gobierno en turno.

Al parecer la justicia mexicana sigue la línea de lo acontecido en Chile con el fallecido exdictador Augusto Pinochet Ugarte, a quien en varias ocasiones se le presentó ante los jueces, se le mantuvo bajo arraigo, se le practicaron exámenes psicológicos para enfrentar a la justicia y no se le imputaron cargos por las masacres durante la dictadura que encabezó de 1973 a 1981. El exdictador murió sin purgar una sola condena por las miles de muertes que se perpetraron bajo sus órdenes.

GRUPOS REPRESORES

Como en esa lamentable fecha del 2 de octubre de 1968, en el gobierno panista de Felipe Calderón Hinojosa se reproducen las viejas prácticas del priismo que se acentuaron especialmente en el último año de gobierno del también panista Vicente Fox Quesada, continúa el texto de Cencos.

En los siete años de gobierno de los mandatos de los presidentes de Acción Nacional se han registrado al menos 100 desapariciones forzadas.

Detenciones arbitrarias, torturas, cateos ilegales, órdenes de aprehensión sin fundamento jurídico y violaciones sexuales, son las prácticas que autoridades federales y estatales han empleado contra las y los manifestantes, luchadoras y luchadores sociales que alzan su voz contra las injusticias y violaciones de derechos humanos que cometen las distintas autoridades y órdenes de gobierno del país.

SEGURIDAD CALDERONISTA

En el marco del plan de seguridad nacional del gobierno de Calderón Hinojosa, se han creado dos grupos que, con la justificación de la seguridad nacional, pueden ser cuerpos represores simulados que se utilizarían para espiar y reprimir a movimientos, luchadoras y luchadores sociales.

En estos se inscribe el grupo de elite denominado Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal (CFAF) perteneciente al Ejército Mexicano creado por decreto por el Ejecutivo y que está a las órdenes directas del presidente de la República y dependiente técnica, operativa y administrativamente de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

La creación del CFAF, que hizo su aparición pública en el desfile del 16 de septiembre con una brigada de mil 884 efectivos, pasó por encima del Congreso, en uso de las facultades otorgadas al presidente de la República por el artículo 89 constitucional fracción VI.

El argumento esgrimido por Calderón Hinojosa es reforzado por las facultades que como Mando Supremo del Ejército y Fuerza Aérea le otorgan las leyes orgánicas de estas dependencias, pero estas leyes no son reglamentarias exclusivamente de la Constitución.

En tanto que en la comparecencia en el Congreso del secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, en el marco de la glosa del Primer Informe de Gobierno de Calderón Hinojosa, se conoció la existencia de un grupo elite que se encuentra fuera de la reglamentación de la Ley de Seguridad Nacional: el Grupo Central de Atención a la Subversión.

Minimizando el hecho Ramírez Acuña señaló que “no tiene mayor relevancia el nombre. No tiene presupuesto ni orden jerárquico”, respondió a la prensa tras su comparecencia en San Lázaro.

El Grupo Central de Atención a la Subversión se inscribe en la política de seguridad del gobierno de Felipe Calderón que atenta contra las garantías individuales, como en los casos documentados de violaciones de militares a la población civil y las “víctimas colaterales” de la guerra contra el narcotráfico.

Trabajando en la total opacidad, la sociedad mexicana recientemente se enteró de la existencia del mencionado grupo antisubversivo, que más allá de las declaraciones, es una muestra de la “línea dura” de Ramírez Acuña contra los movimientos sociales, como los arrestos de dirigentes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), cuando la Segob se cerró al diálogo retomando los viejos modelos del sistema político mexicano de usar la justicia como forma de presión en contra de los movimientos sociales: detienen a líderes y obligan al movimiento a dedicar sus esfuerzos a la defensa de sus líderes, mientras el cumplimiento de sus demandas se posponen.

Al cumplirse 29 años de la matanza del 2 de octubre, a los 557 desaparecidos y los cientos de asesinados de ese lamentable día, de los que no se tiene información, se suman los 65 desaparecidos del sexenio foxista y 30 en los 10 meses de administración calderonista, además de dos integrantes del Ejército Popular Revolucionario y algunos en otras entidades, sobre todo de adherentes a la otra campaña, según datos del Comité Eureka.

En el caso de México, como el de otras naciones que padecieron crímenes de lesa humanidad, es necesario que se dé un proceso de reconciliación nacional para que pueda ser reparado el daño, sin embargo, con la actual política de seguridad donde se criminalizan los movimientos sociales -donde un narcotraficante tiene más garantías para salir de prisión que un luchador o luchadora social– con nuevos mecanismos de represión es imposible que se lleve a cabo.

FRENTE NACIONAL CONTRA LA REPRESIÓN

Ante este panorama, la sociedad civil se organizó en el Frente Nacional Contra la Represión, réplica del movimiento de hace tres décadas que se dio en similitud de circunstancias, “ante la nueva fase de una guerra sucia contra los luchadores sociales y para evitar otro baño de sangre desde los aparatos represivos del Estado”, dijo la luchadora social y fundadora del Comité Eureka y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Rosario Ibarra de Piedra.

Cencos exige que se imparta justicia para todas las mexicanas y mexicanos, como lo establece la Constitución y los Tratados Internacionales, al igual que se atiendan las demandas de luchadoras y luchadores sociales y no se utilice la represión así como la política de oídos sordos como método gubernamental para “solucionar conflictos” en lugar de respetar las garantías individuales.

Esta época es un saldo pendiente en el que el derecho a la verdad no ha sido respetado, tanto para aclarar los hechos como para juzgar a los responsables, desafortunadamente, todo indica que la historia regresa con tintes autoritarios violentando los derechos humanos.

Grupos y organizaciones que participan en el Comité Primeros Vientos conmemorarán este domingo el 42 aniversario del asalto al cuartel militar del municipio de Ciudad Madera, ocurrido el 23 de septiembre de 1965 y que marcó el origen al surgimiento de la guerrilla en México.

Este sábado se presentó en esta ciudad el libro Memoria roja, historia de la guerrilla en México 1943-1968, de Fritz Glockner, donde se aborda un análisis de los movimientos armados en el país.

Los campesinos del municipio organizados en el ejido Arturo Gámiz iniciaron una cabalgata desde la comunidad de Arroyo Amplio hasta la cabecera municipal y este domingo encabezarán una ceremonia luctuosa en el panteón municipal donde fueron sepultados los jóvenes guerrilleros.

Hace 42 años, un grupo comandado por Arturo Gámiz García y Pablo Gómez Ramírez asaltó el cuartel del Ejército Mexicano en Madera. Ese día murieron, entre otros, Óscar Sandoval Salinas, Emilio Gámiz García, Miguel Quiñónez Pedroza, Rafael Martínez Valdivia, Salomón Gaytán y Antonio Scobell y varios militares.

Cuando rebeldes de un grupo guerrillero sabotearon conductos de gas natural la semana pasada en México, la única planta en el mundo que fabrica el New Beetle de Volkswagen sintió el impacto al grado de tener que suspender sus operaciones por siete días.Los ataques del 10 de septiembre del Ejército Popular Revolucionario (EPR) golpearon tan fuerte, que incluso tendrán un efecto negativo en las cifras del crucial sector industrial de este mes.

Esto es más que malas noticias para una economía ya afectada por la desaceleración en Estados Unidos. El Gobierno del presidente Felipe Calderón está preocupado por la capacidad de un pequeño grupo guerrillero para pegar en el corazón de la economía del importante socio comercial de Estados Unidos.

Los atentados cortaron el suministro de energía a decenas de grandes empresas exportadoras, lo que derivó en una reducción drástica de las horas de producción.

En la planta de la automotriz alemana Volkswagen, en el central estado de Puebla, los trabajadores acarreaban grandes contenedores de acero fundido hacia los moldes de los motores, cuando las bombas dañaron seis gasoductos en el centro y este de México.

Los conductos transportaban un tercio de la producción total de gas natural de México.

“Nos dimos cuenta que la presión de gas bajaba rápido y luego luego tuvimos que ir parando los hornos,” dijo Coheto Ladino, un auxiliar que opera varios hornos gigantes alimentados con gas natural en la planta.

En apenas unas horas, toda la empresa instalada en 300 hectáreas y que envía dos terceras partes de su producción a Estados Unidos y Europa, se paralizó. La producción se reanudó hasta el domingo pasado.

“Entre todos, a nivel de los managers (gerentes), hay nerviosismo para alcanzar sus metas de producción,” dijo Carlos Varela, ingeniero de la empresa.

Las empresas manufactureras en gran parte del país resintieron los efectos de los ataques, el segundo en dos meses.

La producción se detuvo o aminoró su ritmo en cerca de 2,000 empresas que fabrican desde instrumentos quirúrgicos hasta cemento, según el grupo industrial Canacintra.

El Gobierno dijo que los ataques tendrán un impacto en el crucial sector industrial mexicano, que aporta alrededor de una cuarta parte del Producto Interno Bruto (PIB) del país.

“Claramente sí, va a aparecer en los números,” dijo Miguel Messmacher, economista en jefe de la Secretaría de Hacienda. “Obviamente hay una cierta preocupación,” agregó.

MAYOR ESCALA

Messmacher dijo que el Gobierno aún no ha estimado todavía la magnitud del daño de las explosiones en la producción fabril, pero el presidente de la Canacintra, Miguel Marón, estimó que los ataques habrían tenido un costo cercano de 1,600 millones de dólares.

El monopolio estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), uno de los principales abastecedores de crudo a Estados Unidos, dijo que el atentado le costará cientos de millones de dólares, pero sus exportaciones petroleras no se vieron afectadas.

Más del 80 por ciento de las exportaciones totales de México, incluidos el New Beetle y el PT Cruiser de Chrysler, van hacia Estados Unidos.

México ha desplegado a militares y policías federales para proteger los gasoductos, pero Calderón dijo que es casi imposible garantizar por completo la seguridad de la extensa red.

John Bailey, un experto en materia de seguridad de la Universidad Georgetown en Washington, dijo que Calderón necesita ordenar al Ejército y a los servicios de inteligencia rastrear a los dirigentes guerrilleros, para evitar más ataques.

“Si el Gobierno de Calderón afronta esta tarea de alta prioridad, pueden rastrear a elementos de este grupo muy rápido,” dijo.

El EPR salió a la luz pública en 1996, disparando al aire armas automáticas durante una manifestación política en el empobrecido estado de Guerrero.

En meses, el grupo -que reclama reformas a la tenencia de la tierra y busca un Estado socialista- lanzó una serie de emboscadas letales a la policía rural e instalaciones castrenses en varios estados, que dejaron un saldo de decenas de muertos.

La nueva estrategia del EPR de atacar conductos de combustible comenzó con atentados en julio, que incluso redujo el suministro de gas natural a varios negocios, pero los de este mes han sido los de mayor escala.

Algunos expertos aseguran que el impacto de los ataques recientes sugieren que el EPR, de unos 1,000 miembros, ahora está mejor organizado que en el pasado.

En los últimos años se ha acentuado la proliferación de grupos armados en el país, así lo hace constar un reporte confidencial de la Coordinación General de Inteligencia para la Prevención de la Policía Federal Preventiva, en el que se revela la existencia de grupos guerrilleros en 22 estados (Sonora, Baja California Sur, Sinaloa, Baja California, Nayarit, Aguascalientes, Michoacán, Colima, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Chihuahua, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Puebla, Tlaxcala, Campeche, Morelos, Veracruz y el Distrito Federal).

El reporte tiene clasificados de la siguiente manera a los grupos guerrilleros: