El pasado no es una referencia estática de un momento determinado, sino que compone uno de los principios rectores de la dinámica político-social que se desarrolla en la actualidad.

“Una visión panorámica del proceso de radicalización” que tuvieron las organizaciones guerrilleras mexicanas –y su continuidad histórica que encuentran eco en este siglo– es una de las variables sustentadas en el reciente libro de Laura Castellanos México armado, 1943-1981 (*) de donde se desprende, además, una historia que sirve para reconocer el presente.

Castellanos se adentra con su relato en las luchas sociales que devinieron armadas, desde su apogeo hasta el ocaso, y traza el rastro de los líderes e integrantes de estas organizaciones.

Destaca la importancia que tienen los lazos familiares para la integración de los núcleos rurales, también sustentado por Montemayor en La guerrilla recurrente, aunque con la continuidad de los hechos, se encarga de demostrar que ello no alcanza para comprender el fenómeno cabalmente.

Esto resulta de vital importancia debido a que actualmente todavía se recurre a la explicación de la teoría del “clan familiar” (que ubica sus demandas en la preponderancia del interés de una facción por sobre las condiciones políticas, sociales, económicas, culturales, etc., que vuelven posible el desarrollo de este tipo de organizaciones) como única explicación posible a la vigencia de agrupaciones político-militares.

Recientes esfuerzos periodísticos encaminados hacia la reconstrucción de la identidad e historia de vida de los desaparecidos, reclamados desde el 25 de mayo por el Ejército Popular Revolucionario (EPR), también procuran una dirección similar: ceden los vínculos familiares cuando amplían la base social y profundizan la política.

Así se estableció en las notas publicadas por Emiliano Ruiz Parra, en Enfoque el 4 de noviembre; Pablo César Carrillo en Excélsior, el 18 de noviembre, y Alejandro Jiménez Martín del Campo, sobre Francisco Paredes Ruiz (sin vínculos con el EPR) en El Universal, el 14 de diciembre,

Abonando la hipótesis de la ampliación de su base social, Sergio Aguayo Quezada (Enfoque, 16 de diciembre) afirma que la “polarización” de 2006 pudo haber empujado a “un centenar de nuevos militantes” a las filas del EPR (organización “infiltrada”, continúa Aguayo, que cuenta con “dos centenares probablemente de efectivos, no más”) pero “que en 2007 empezaron a operar sin ser conocidos por los aparatos de inteligencia del país”.

Con esta mirada, Aguayo sostiene una explicación acerca del accionar de los eperristas en lugares donde antes no habían manifestado presencia alguna, argumento que se desvanece en parte en el sentido que, a pesar de la “infiltración”, no se logró detectar la entrada de semejante número de nuevos integrantes (100) en una organización de 200.

Castellanos subraya, en su trabajo citado, que una característica histórica que sostuvieron las guerrillas ha sido la de no reivindicar todas las acciones militares y políticas que han ejecutado ni descubrir de antemano cada una de las posiciones o asientos que éstos poseen.

Pone particular énfasis en el silencio que ha rodeado a la colocación de artefactos explosivos por parte de la Unión del Pueblo, uno de los nutrientes del EPR.

Son los tiempos políticos internos, las estrategias que se han trazado o por obligación tras algún golpe de las fuerzas de seguridad, los momentos en que han dado a conocer estas cuestiones.

En el caso del EPR, es posible que se “muestre” en determinados lugares pero no en todos donde tenga presencia efectiva (o viceversa, que asegure presencia en zonas donde no la tiene), ya que la dialéctica de “ocultar-descubrir” dentro de la dinámica insurgencia-contrainsurgencia prevalece por el propio carácter con el que se define este enfrentamiento.

Además, desde el año 2000, las organizaciones no han terminado de exteriorizar la radicalización de sus posturas, posiblemente debido a sus disidencias internas, pero sí han observado constantemente, a través de sus escritos, que “nada ha cambiado” tras el relevo presidencial de aquel año, remarcando las frustraciones en las expectativas de los mexicanos.

En estos últimos siete años, las guerrillas han mostrado una prolífica actividad política, un proceso al cual en los últimos dos le han sumado una vertiente militar.

Un ejemplo relevante que destaca el “ocultar-descubrir” de la guerrilla en general, y del EPR en particular: a más de nueve años de conocido públicamente en el vado de Aguas Blancas, reconoció que éste era la continuidad del PROCUP-PDLP y que el mito de la unidad de 14 organizaciones en un proyecto común nunca fue tal, sino que ha sido un “invento” por “razones tácticas del ataque a las fuerzas centrales del enemigo”, por disidencias internas y por la “leyenda negra” que los embarga.

En su texto Un poco más de historia, difundido en septiembre de 2005, el propio EPR así lo manifestó.

Sin embargo, ello debe enmarcarse en el proceso de pugnas intestinas, que ese mismo comunicado recoge, donde Tendencia Democrática Revolucionaria-Ejército del Pueblo, en una entrevista aún inédita, opone su posición.

Allí señalan que “tuvieron que inventar una autocrítica que reconoce (…) serios errores (de) reclutamiento y selección de militantes; nunca se dieron cuenta de que estos eran resentidos sociales, desequilibrados emocionales, pequeño-burgueses, claudicantes, traidores, que lograron ocultar su problemática por más de dos décadas, hasta alcanzar niveles de responsabilidad”.

En este contexto se inventó, dicen, la presunta unión de 14 organizaciones, pretendiendo ocultar el acuerdo político y el acto ético de reconocer, de manera codificada a las distintas estructuras y experiencias revolucionarias armadas que declinaron sus respectivos proyectos en aras del fortalecimiento de uno solo.

La falta de unidad y cohesión tras un proyecto revolucionario único o unificado tampoco es nueva en la historia de las organizaciones clandestinas, México armado también da cuenta de ello.

Un comando integrado por unas 15 personas encapuchadas y armadas con rifles AK-47 (cuerno de chivo) incendió tres máquinas retroexcavadoras propiedad de la empresa Constructora Torreblanca, que edifica la carretera que unirá la zona centro con la región de la Montaña de Guerrero. La acción ocurrió la madrugada del jueves 3 de enero, pero hoy fue dada a conocer.Hasta el lugar de los hechos, el punto conocido como Tezahuapa, ubicado en la carretera que comunica el municipio de Tixtla con Mártir de Cuilapan (Apango), a 15 kilómetros de Chilpancingo, llegó un centenar de policías estatales y municipales que instaló un cerco de seguridad hasta pasadas las seis de la madrugada.

“¡No al aumento a la gasolina!” y “Únete a la lucha armada”, son algunas de las pin- tas que realizó el grupo armado aún no identificado, mismas que fueron borradas por órdenes de los responsables de la empresa.

Entrevistado este día, el velador de la compañía, que solicitó el anonimato, señaló: “Junto con otros seis compañeros estábamos durmiendo cuando escuchamos una fuerte explosión, parecía como si fuera dinamita o como una bomba molotov”, dijo.

Añadió: “vimos cómo tres máquinas, dos retroexcavadoras y una llamada vibro eran incendiadas, pero no quisimos salir por temor a que nos hicieran algo; al cabo de media hora, y cuando ya no escuchamos los gritos de las personas que quemaron la maquinaria, intentamos apagarlas con agua, pero ya era demasiado tarde: quedaron inservibles”. aseguró, tras confirmar que las llamas alcanzaron seis metros de altura.

Mencionó que ese día por la tarde el ingeniero responsable de la obra preguntó a los trabajadores si alguno tenía problemas personales con alguna gente; “le dijimos que no porque la mayoría de los que trabajamos en la obra no somos de esta zona”.

Señaló que ayer viernes “llegó gente, creo que los mandó el gobierno desde Chilpancingo, vinieron a investigar y nos preguntaron lo que habíamos visto, pero les dijimos que nada porque no quisimos salir por temor a que algo nos pasara”.

Erit Montúfar Mendoza, director de la policía investigadora ministerial, negó que elementos de ésta o cualquier corporación policiaca del estado hayan participado en algún operativo el 3 de enero; “al menos yo no tengo conocimiento del hecho”, dijo entrevistado vía telefónica.

No obstante, trascendió que media hora después de que se escucharon las explosiones y se observaron las llamas y el humo desde las partes aledañas a la ciudad de Tixtla, arribaron una docena de integrantes de la comandancia de la policía preventiva municipal, ubicada a kilómetro y medio.

Después se sumaron decenas de efectivos de la policía estatal y de la preventiva municipal de Mártir de Cuilapan, quienes recorrieron montes y praderas con lámparas y perros amaestrados, pero no localizaron a nadie.

El tramo carretero que se construye es de alrededor de 10 kilómetros, viene desde el municipio de Eduardo Neri, pasa por Chilpancingo y llega hasta Tixtla. Servirá para comunicar la zona centro con la región de La Montaña.

Cabe señalar que en comunicados, tanto el Ejército Popular Revolucionario (EPR) el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente como las cinco organizaciones aglutinadas en torno a la Tendencia Democrática Revolucionaria-Ejército del Pueblo han advertido que realizarán acciones armadas en la entidad. El EPR hizo su aparición en Tixtla el 28 de agosto de 1996.

Ninguna autoridad sabe sus identidades. Sus atentados contra instalaciones de Pemex han provocado pérdidas millonarias al sector privado del país.

Dentro de la estructura del Ejército Popular Revolucionario (EPR) se les conoce como zapadores. Forman parte de guerrillas dispersas, como nombra el grupo insurgente a las células que colocaron las bombas en Veracruz, Tlaxcala, Querétaro y Guanajuato, y que amenazan con colocar otras más en los próximos meses, semanas o días.

El documento Nuestra estrategia y táctica militar, elaborado por la comandancia del grupo insurrecto y del cual MILENIO posee copia, registra un apartado especial dedicado a ellos, los colocadores de bombas que mantienen a la expectativa a los órganos de seguridad nacional.

“Los elementos que cuenten con mayor desarrollo político e ideológico deben saber colocar los explosivos y la detonación, de ahí que deban saber operar en lo rural y urbano”, se explica en el escrito elaborado para el adiestramiento interno de los combatientes.

Los integrantes de estas células guerrilleras no la pasan necesariamente en la clandestinidad. Pueden tener una actividad rutinaria como fachada, vivir con su familia y solamente atender llamados esporádicos para realizar acciones concretas. La vida de los dinamiteros es una vida doblemente vigilada, por el gobierno y por sus propios compañeros.

“Deben estar en constante vigilancia revolucionaria para corregir los errores y vicios que perjudiquen a la revolución, y así evitar y prever a tiempo que estos compañeros se corrompan y traicionen a la revolución, ya que es un fenómeno que se ha dado mucho en esta etapa”, se advierte.

En estas unidades, explica el documento eperrista, los combatientes deben estar agrupados “con sus respectivas particularidades”.

“Cuando se les ordene deben tener disposición al combate, iniciativa y creatividad para el accionar militar, conocer el lineamiento político militar de la organización y estar por voluntad propia, así mismo estar sujetos a una serie de normas y estatutos”.

Durante las acciones de sabotaje, los integrantes de estas células son comandados por un elemento de la guerrilla concentrada, que es como se le llama en el documento al núcleo dirigente del EPR. Esto se hace, se explica, “para que las operaciones sean exitosas y así destruyamos las fuerzas del enemigo y conservemos las nuestras”.

Los colocadores de bombas “políticamente y operativamente tienen un mayor grado de conocimientos y preparación táctica operativa e ideológicamente; están en un proceso de consolidación y en una relación más estrecha con el partido, a pesar de seguir ligados a la producción”.

Según el manual guerrillero, los méritos, logros y participaciones políticas y militares que los dinamiteros hagan en esta etapa serán la base principal para poder determinar su ascenso a la guerrilla concentrada, “dando prioridad a los de carácter político, pero fundamentalmente por su consolidación ideológica que le permite adquirir la conciencia socialista, la cual le permite un mayor compromiso con la revolución socialista”.

Los integrantes de la guerrilla concentrada, se explica, deben ser candidatos o militantes de la organización “con un compromiso para la revolución” y se debe, bajo análisis, elegir las zonas geográficas adecuadas para su entrenamiento y operatividad.

“Estos combatientes deben desarrollar la capacidad de operar en las diversas acciones y operaciones del partido, en las diferentes condiciones y en cualquier parte del país, a la vez de que se utilizarán en el combate directo a las fuerzas centrales y policiacas del enemigo, o en la limpieza y contralimpieza cuando las fuerzas en la zona no pueden actuar por cuestiones políticas. Deben estar un proceso de mayor consolidación en el terreno ideológico, político y militar en el ámbito teórico y práctico, el cual cotidianamente deben desarrollar y enriquecer”.

Sólido es el documento que el gobierno federal difundió el viernes a la medianoche para responder el amago del EPR de volver a explotar bombas.

Le dice que eso de la “guerra sucia” es un invento, pues no hay una persona detenida, menos un maltratado o muerto, tras los atentados contra las instalaciones de Pemex en Guanajuato, Querétaro, Veracruz y Tlaxcala. Y que la historia de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, los eperristas cuya aparición demanda la guerrilla desde mayo, no tiene pies ni cabeza: “No tienen una idea clara de qué les pasó a sus compañeros y menos de quiénes fueron los autores materiales ni intelectuales de la presunta desaparición”.

El gobierno exhibe con inusual destreza argumentativa lo contradictorias que son las acusaciones del EPR y le pide cesar “la campaña de hostigamiento contra los mexicanos”. Es decir, el gobierno da una firme respuesta de Estado a un grupo en armas que amenaza producir más terror. Lo hace a partir del trabajo de inteligencia e investigación y cuidando las palabras. Impecable. Fuerza al EPR y sus satélites a probar mitos, mentiras y leyendas.

Pero, ¿por qué tardó el gobierno en emitir un escrito así? Cinco meses desde los atentados en Guanajuato y Querétaro. Tres, desde los gravísimos de Veracruz y Tlaxcala.

Puede ser que el documento haya sido difundido para que a la sociedad política no le queden dudas de las consecuencias que traerá un inevitable tercer ataque al patrimonio nacional. O puede ser el grito desesperado de una parte del gobierno, la que no quiere reprimir, para intentar reconectar los débiles canales con la parte del EPR que, aún hoy, no quiere provocar la represión.

El Ejército Popular Revolucionario anunció el reinicio de hostilidades contra el gobierno de Felipe Calderón.

“En sus sesudos análisis consideran que si no accionamos es porque no tenemos la capacidad; pero no es así, estamos en lo dicho, hemos esperado paciente y prudentemente”.

En un comunicado fechado el 3 de diciembre, el grupo guerrillero advirtió que “ya es mucho tiempo transcurrido y no hay una respuesta real, concreta y favorable” ante la desaparición forzada de sus compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.

“El señor Calderón ha reiterado que asume el costo de las decisiones que ha tomado su gobierno y la responsabilidad personal de los costos que derivan de sus decisiones. Le tomamos la palabra y lo responsabilizamos de la detención-desaparición de nuestros compañeros; por tanto debe asumir, junto con los grandes empresarios, las consecuencias de sus decisiones confesas”, se indica en el extenso comunicado.

“Continuando con esa actitud, tenemos todo el derecho de actuar en consecuencia con lo que nuestro pueblo exige, y ante tanta agresión y agravio el único camino que queda es el hostigamiento y la autodefensa armada popular”.

Entre otros muchos temas que toca, el grupo guerrillero se refiere a las declaraciones del representante del alto comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Amerigo Incalcaterra, respecto de que el problema de la imposición de la presa La Parota en Guerrero “concierne sólo a los pobladores y al gobierno”.

Incluso admite que sí tiene presencia en La Parota: “Incalcaterra demuestra un desconocimiento de la realidad de nuestro país, pues nuestro partido está constituido precisamente por la gente del pueblo que ha optado por la lucha armada y eso da origen a nuestra presencia permanente en lugares en donde este gobierno crea conflictos”.

Ante esos conflictos, agrega, es por lo que nace la resistencia y autodefensa. “Tal es el caso de La Parota y la represión contra los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa”.

Se trata, agrega, “de una represión sistemática en el plano nacional, a la cual debería estar atento (Incalcaterra) para informar a la ONU de las violaciones y exigir al gobierno mexicano el respeto a los derechos humanos y a las leyes internacionales que ha firmado comprometiéndose a respetarlas.

“Nos daría una gran alegría que también se preocupara por la detención-desaparición, dentro de otras muchas, de nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, en manos del gobierno calderonista que los ha desaparecido y los mantiene torturando. Sería parte de un logro que, de una manera diplomática, se buscara la solución de este problema, de lo contrario de nada serviría que un gobierno aceptara la supervisión de personas de buena fe para vanagloriarse y presumir con su presencia de ser un Estado democrático”.

Reprueba el primer año de Calderón

“El balance de este primer año de gobierno de Calderón deja mucho que desear, ya que en derechos humanos ha habido un brutal retroceso inocultable, máxime con la aprobación del Plan México o Iniciativa Mérida propuesta por México, la cual apunta más a la lucha contra el supuesto terrorismo internacional que a la lucha contra la delincuencia organizada”.

Agregó ese proyecto bilateral también apunta a la total injerencia de Estados Unidos en el país y a la “descarada criminalización de la lucha social”.

Sobre el alza en alimentos de consumo básico, el EPR señala que esa situación es imparable, además del gasolinazo, “negro augurio que ha desatado la carrera inflacionaria, que pretenden ocultar por todos los medios y que pone en evidencia la nueva crisis económica que vive nuestro país”.

El Ejército Popular Revolucionario (EPR) evaluó hoy el primer año de gobierno de Felipe Calderón y consideró lo hecho hasta ahora como un “retroceso inocultable”, principalmente en materia de empleo, derechos humanos y migración.

Además, censuró la serie de medidas que entrarán en vigor el próximo año, entre las cuales destacan los incrementos en los precios de productos básicos y de la gasolina.

En un texto que denominó “el último comunicado del partido”, el Comité Central del Partido Democrático Popular Revolucionario (PDPR)-Comandancia General del EPR, el grupo rebelde afirmó que el gobierno de Felipe Calderón “deja mucho que desear en materia de derechos humanos”.

El EPR señaló que las acciones del gobierno calderonista muestran una “clara tendencia a la derechización y legalización del régimen neoliberal”; y puso como ejemplo los cambios a la Ley del ISSSTE, y las reformas electoral y laboral. Además, se refirió al alza de precios a alimentos básicos, el llamado gasolinaza, “que evidencia una nueva crisis económica”; el desempleo, la migración.

Otro ejemplo, agregó el EPR, es la “permanente intención de la entrega incondicional del petróleo y de los recursos naturales; el alto grado de descomposición del sistema debido a la corrupción que brota por todos lados y a la impunidad promovida por toda la estructura del poder, descomposición que se expresa también en las más de 2,500 ejecuciones documentadas, explicables solamente por los vínculos orgánicos de la estructura presidencial con el crimen organizado”.

En su balance, el grupo insurgente indicó que el primer año de gestión calderonista marcó “un retroceso inocultable, máxime con la aprobación del Plan México o Iniciativa Mérida que –dijo– apunta más que a la lucha contra la delincuencia organizada a la lucha contra el supuesto terrorismo internacional y en lo nacional entendido éste como la descarada criminalización de la lucha social”.

Con los casos de los gobernadores de Puebla y Oaxaca, el EPR ilustró lo hecho en la actual administración en materia de derechos humanos. Sobre el primer punto, enunció la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que exoneró a Mario Marín de cualquier responsabilidad en la presunta violación a las garantías fundamentales de la periodista Lydia Cacho, y, sobre el segundo, la indolencia oficial para actuar en contra del gobernador Ulises Ruiz.

Dijo que la SCJN tiene pendiente de resolver las presuntas violaciones a los derechos humanos en el estado de Oaxaca, y la represión contra miembros de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) durante el conflicto social que se vivió en la entidad el año pasado.

En su balance, el EPR no pasó por alto a la Iglesia católica, a cuyos representantes acusó de actuar con “doble mora” y de buscar “regresar a la política por sus fueros perdidos en la época juarista”. También cuestionó la actitud asumida por la iglesia contra la senadora Rosario Ibarra de Piedra”, durante la tercera Convención Nacional Democrática.

El EPR se refirió también al caso del proyecto hidroeléctrico “La Parota”, a la represión contra los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, “sistemática a nivel nacional”, así como a la desaparición de sus compañeros, Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez,. Sobre este último punto, dijo que sus compañeros están en “en manos del gobierno calderonista que los ha desaparecido y los mantiene torturando”.

“¿Qué quieren que se haga o se siga haciendo el Estado, el régimen, Calderón Hinojosa, los militares, los empresarios, los partidos políticos, la mal llamada clase política, los medios de difusión para que ya sean presentados en libertad nuestros compañeros porque ya es mucho tiempo transcurrido y no hay una respuesta real, concreta y favorable? Porque continuando con esa actitud tenemos todo el derecho de actuar en consecuencia con lo que nuestro pueblo exige”, advirtió.

De llegar a imponerse por la fuerza el proyecto de la presa La Parota, más de 48 organizaciones sociales aglutinadas en la Asamblea popular de Pueblos de Guerrero (APPG), incluidos los grupos armados como el EPR y el ERPI que operan en Guerrero, saldrían en defensa de los derechos de los campesinos sobre poco más de 17 mil hectáreas que quedarían sepultadas el agua.Nicolás Chávez, uno de los dirigentes de la APPG, dijo que La Parota representa la soberanía del estado de Guerrero, los derechos de los campesinos guerrerenses más pobres, el único sostén de miles de familias campesinas pobres, “y una imposición por la fuerza militar y policiaca, no sería tolerada y nos sumaríamos a la lucha del Consejo de Ejidos y Comunidades de La Parota (CECOP), como ya lo estamos”.

Dijo en cuanto a los grupos armados, que de llegar a darse una imposición en la que haya desaparecidos, muertos y encarcelados, “creemos que la reacción sería inmediata porque ellos —el EPR y el ERPI, entre otros—, están pendientes de las acciones que emprenda el gobierno estatal y federal en contra de la gente pobre”.

Aseguró que de llegar a imponerse por la fuerza el proyecto hidroeléctrico de La Parota, sin agotar los recursos legales, “la lucha armada jugaría un papel importante en la respuesta que den los campesinos al despojo de sus tierras”.

Indicó que la posición del CECOP de no a la construcción de la presa La Parota, “es la posición que comparten las organizaciones que formamos parte de la APPG”.

Por su parte Marco Antonio Suástegui, dirigente del CECOP. Entrevistado por teléfono, advirtió a los gobiernos estatal y federal de cualquier intento de imponer la presa La Parota, con la amenaza de ” un baño de sangre porque tendrán respuesta de nuestra parte, porque hemos dicho desde un principio que nuestras tierras no están en venta, no se venden”.

El 25 de mayo, en alguna parte del centro de México, desaparecieron dos mexicanos. Una semana después, un misterioso grupo guerrillero marxista que había permanecido inactivo durante un par de años, divulgó el primero de 14 comunicados que identificaban a los hombres como sus “camaradas”. El Ejército Popular Revolucionario (EPR) culpaba al gobierno mexicano del secuestro y prometía duras consecuencias si los hombres resultaban heridos.

“¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos!”, decía el comunicado. En la parte superior se veían dos fotografías borrosas de la pareja: un hombre fornido con bigote llamado Gabriel Cruz Sánchez y otro, Edmundo Reyes, cuyas gafas y corbata le daban cierto aire de gerente de banco. Nadie le prestó demasiada atención a las amenazas de las guerrillas.

Eso cambió el 6 y el 10 de julio cuando el EPR hizo explotar dos ductos de gas natural de la petrolera estatal Petróleos Mexicanos, paralizando el suministro de gas en toda la región central del país. El 10 de septiembre, el grupo volvió a atacar, causando 12 explosiones simultáneas de gasoductos. Como consecuencia, unas 3000 compañías, tanto locales como multinacionales, incluyendo Nissan y Honda Motor Corp., no pudieron operar. El total de las pérdidas en producción económica bordeó los US$ 1600 millones, según Canacintra, la principal asociación manufacturera de México.

El EPR ha prometido que su campaña de violencia no cesará hasta que sus dos camaradas sean liberados. Las autoridades mexicanas creen que otro ataque podría ser inminente.

Sin embargo, hay un problema fundamental: nadie parece saber lo que pasó con los dos desaparecidos. El gobierno niega tenerlos. El EPR tampoco parece saber quién los tiene, a juzgar por sus comunicados, en los que transfiere la culpa de una entidad gubernamental a otra.

Este misterio encierra a su vez un enigma aún mayor: ¿quiénes son el EPR y cuál es su papel décadas después de que muchos otros grupos marxistas han dejado las armas?

México ha hecho grandes avances en las dos últimas décadas. Abrió su economía y firmó acuerdos de libre comercio con Estados Unidos y Canadá. Sustituyó una historia de 71 años de mandato unipartidista, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), por una democracia. El país es ahora el tercer socio comercial de EE.UU., y produce desde autos a refrigeradores.

Sin embargo, a veces es difícil superar las subcorrientes de violencia y las misteriosas alianzas, conocidas como “México bronco”, o el México indomable. Las teorías de la conspiración son un pasatiempo favorito aquí y el asunto del EPR ha generado muchas. Algunas sugieren que el grupo está siendo utilizado como un instrumento de los cárteles de droga o, incluso, del propio gobierno.

Aun así, el resurgimiento del EPR presenta importantes desafíos políticos y económicos. El presidente Felipe Calderón ya tiene las manos llenas con la lucha por recuperar el control de grandes áreas de México dominadas por los cárteles de droga. Ahora debe lidiar con la sorprendente reaparición de la guerrilla en un clima político que aún no respira tranquilo tras la estrecha batalla electoral del año pasado, que el izquierdista Andrés Manuel López Obrador perdió por un pelo.

La campaña del EPR también pone de manifiesto la vulnerabilidad de la infraestructura de gas natural de México. Este combustible ya escasea en el país, que complementa su producción con costosas importaciones de Texas. La petrolera estatal Pemex se vio tan sorprendida por los ataques de julio que tardó tres días en hacerlos públicos. Vitro S.A.B. de C.V., un fabricante de cristal de Monterrey, dice que las bombas del EPR paralizaron la producción por una semana, un paro de US$ 12 millones que dejó a la compañía con pérdidas para el tercer trimestre.

El EPR no ha atacado los suministros petroleros de México, pero esta posibilidad preocupa al gobierno. El país es el sexto productor de crudo del mundo y uno de los mayores proveedores de EE.UU.

Las autoridades dicen que es posible que los desaparecidos hayan sido víctimas de las luchas internas. Pero ex guerrilleros y analistas opinan que eso es improbable, señalando que en anteriores ocasiones, cuando el grupo ejecutaba a sus disidentes, se hacía responsable públicamente de aplicar “la justicia revolucionaria”. Esta vez no ha habido ningún anuncio de esta clase. Algunos funcionarios de seguridad aseguran que es posible que los jefes de la droga más poderosos estén utilizando al EPR para distraer al gobierno en su batalla por recuperar territorios de estos grupos armados. Aun así, reconocen que no hay pruebas de semejante conexión. López Obrador, el candidato que perdió las elecciones, dudó de la versión oficial y acusó al gobierno de usar las explociones para distraer la atención de sus propios problemas.

Otra teoría más siniestra, insistentemente negada por el gobierno, apunta a que las fuerzas de seguridad de México capturaron y mataron a los dos guerrilleros.

El país ya atravesó su “guerra sucia” en los años 70 cuando cientos de personas fueron supuestamente desaparecidas o muertas por las fuerzas de seguridad. Cualquier regreso a semejantes tácticas dañaría la reputación de Calderón y la joven democracia de México.

Por ahora, la situación está en punto muerto. Las autoridades tratan de evitar lo que muchos creen que será una inevitable tercera ola de ataques.

La policía ha interrogado a quienes sospecha podrían ser miembros del EPR sobre planes para volar embajadas y secuestrar a importantes políticos. “Es un rompecabezas con muchas piezas”, dice un funcionario de la inteligencia que solicitó el anonimato.

En tanto, la última edición de El Insurgente, la revista mensual del EPR a la cual se puede acceder en Internet, presenta una foto a página entera de las espectaculares llamas que causó la explosión de septiembre.

En el México de la modernidad neoliberal, en el que si bien existe una mayor apertura informativa respecto a la que se tenía en el pasado, con recurrente fre-
cuencia o bien se tiende un manto de desinformación como en el caso de la III Asamblea de la Convención Nacional Democrática (CND), o se erige un «cerco de silencio» tal como acontece con la criminalización de los movimientos sociales y, como consecuencia de ello, la existencia de más de 500 presos políticos a lo largo y ancho de la República.
En medio de un cúmulo de información, en la que por su relevancia destaca la que aborda la tragedia tabasqueña y los intentos de la administración calderonista por aprovecharla mediáticamente en aras de una legitimación de la que carece de origen al tiempo que elude responsabilidades, así como la manipulación de los comunicadores oficiales que pretenden ocultar los acuerdos en defensa del petróleo tomados por la CND, han quedado relegadas las denuncias sobre la desaparición de los dos militantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR) y la del defensor de derechos humanos y luchador social michoacano, Francisco Paredes Ruiz, acontecida hace dos meses.
Recientemente, la organización de defensa de derechos humanos Red Solidaria Década Contra la Impunidad - agrupación que nace el 9 de diciembre de 2004, y está conformada por familiares y víctimas de violaciones a derechos humanos y también por organizaciones no gubernamentales y defensores de derechos humanos- presentó su informe «La situación de los presos políticos en México», documento con el cual se pretende «romper el cerco de impunidad y que se termine con el ocultamiento y la distorsión de la realidad en que viven los presos y presas políticos».
La Red Solidaria Década Contra la Impunidad señaló que en el país hay más de 500 presos políticos, aunque precisa que es difícil saber el número real por la poca documentación que existe y por las condiciones en que son llevados sus juicios.
Cabe señalar que desde hace varias legislaturas se han presentado ante la Cámara de Diputados iniciativas de Ley de Amnistía, que no han prosperado debido tanto a la indiferencia de todas las fracciones parlamentarias como a la oposición de hecho del PAN y del PRI. Ahora la senadora Rosario Ibarra, dirigente del Comité Eureka, que lucha por la presentación con vida de los desaparecidos, retomará la propuesta de alcanzar la liberación de los cientos de presos políticos del país.
En el informe de la Red Solidaria Década Contra la Impunidad se analizan los casos de los indígenas nahuas Jorge Marcial y Gerardo Tzempoaxtle Tecpile, y Gustavo Robles López, como probables responsables del delito de violación a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada en la modalidad de terrorismo. Llevan 22 meses detenidos y aún no se les dicta sentencia.
La red señala que a los hermanos Marcial y Gerardo Tzempoaxtle se les detuvo porque su consanguíneo Andrés está preso, acusado de ser parte del Ejército Popular Revolucionario (EPR). En este caso se demanda que el gobierno deje de criminalizar a los familiares de las personas que se asumen como integrantes de grupos rebeldes.
Asimismo, el de los hermanos Alejandro, Antonio y Héctor Cerezo Contreras, y el indígena nahua Pablo Alvarado Flores, a quienes se acusa de violación a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada. «Alejandro fue exonerado en 2005 luego de cuatro años de prisión». En este caso a los detenidos les fueron fabricados delitos, se les torturó y acusó de asociación delictuosa, terrorismo, almacenamiento de armas y cartuchos. Se violó el derecho a un debido proceso y a un juicio justo.
Se denuncia que en realidad los hermanos Cerezo Contreras, destacados estudiantes universitarios, son rehenes de los órganos de seguridad del Estado que de esa manera presionan y/o se vengan de sus padres considerados como dirigentes del EPR. Esto nos muestra el carácter humanista y de respeto al estado de derecho de quienes detentan el poder público.
En el informe en cuestión también se incluye el caso de Gloria Arenas Agis y Jacobo Silva Nogales; ambos purgan una condena de 40 años por los delitos de rebelión, homicidio calificado y tentativa de homicidio. Se señala que se les detuvo por integrar el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente. Desde su consignación comenzaron las violaciones a sus derechos humanos, fueron torturados y se les coartó su derecho a la defensa.
La Red Solidaria Década Contra la Impunidad explicó que el gobierno mexicano ha dejado de acusar a los presos políticos de delitos como rebelión, conspiración y sedición, para responsabilizarlos de terrorismo, secuestro, delincuencia organizada, homicidio, despojo y narcotráfico, entre otros.
En el país la lucha social y la defensa de los derechos humanos se han convertido en una actividad de alto riesgo, por las constantes amenazas, hostigamientos y las detenciones de luchadores sociales.
En definitiva, la organización exige al gobierno mexicano asegurar que los cientos de presos políticos del país tengan un juicio justo, se les respete el debido proceso y reciban un trato digno en los penales en los que se encuentran recluidos porque ahí son objeto de violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
En la presentación del informe, con justa razón el obispo emérito de Chiapas, Samuel Ruiz, insistió en que en la mayoría de los casos hay una acusación que no tiene fundamento, se saca la confesión o aceptación del reo mediante la represión, opresión y tortura.
El director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Luis Arriaga, afirmó que México ha hecho «caso omiso» de las recomendaciones de organismos como Naciones Unidas en materia de protección a los derechos. Aquí reiteramos que los crímenes de Estado cometidos el 2 de octubre de 1968 y durante la llamada guerra sucia de los años 60 a 80 permanecen en la impunidad.