Guerrilla: Lo peor puede venir

México necesita de la cooperación internacio-nal para mejorar su efectividad en el combate a las organizaciones criminales del narcotráfico, pero esa cooperación se debe asemejar a la que establecen los gobiernos más respetados y no a una que sea aprovechada para fortalecer formas de dominación autoritaria y neocolonial.

Para garantizar la protección del interés nacional y mayoritario, el acuerdo de cooperación contra el crimen organizado entre México y Estados Unidos, debe ir al Senado de la República. En cualquier democracia que se respete a sí misma, una decisión de esta profundidad tendría que ser aprobada por el Congreso, e incluso, en algunos casos, sometida a referéndum.

Los ciudadanos, las fuerzas políticas y los legisladores debieran obligar a que, una decisión del mayor impacto sobre la política exterior, la política militar y la soberanía, sea previamente debatida con la profundidad y seriedad que merece, para limitar sus alcances a lo que realmente conviene.

El Plan debe ser exclusivamente para ayudar a combatir al crimen. No debe servir de cobertura para otros propósitos. Por ello es indispensable establecer desde el principio los límites, y eso sólo lo podrá hacer el Congreso.

El Plan no debe servir de pretexto para someter al Ejército mexicano a los dictados del Pentágono. Nuestro Ejército, a diferencia de otros ejércitos latinoamericanos, ha conservado una doctrina nacionalista y una autonomía que ha sido muy valiosa para el país. Las decisiones de política militar las deben de tomar el jefe del Ejecutivo y los mandos de las Fuerzas Armadas, con lo apoyos técnicos y de información necesarios, pero sin perder su lealtad al poder civil y a la tradición nacionalista en la que se ha forjado.

El Plan no debe extender su espacio de cobertura, como el Plan Colombia, a tareas de contrainsurgencia. Lo peor que nos podría ocurrir es que aquí, por torpes acciones represivas, se provocara la unificación de la guerrilla con el narcotráfico; o que, bajo el amparo del Plan, las visiones autoritarias se vean fortalecidas en su propósito de criminalizar la protesta social.

El componente financiero del Plan debe ser rigurosamente evaluado. La ayuda o donación que lleva implícita, generará una relación de supeditación: “quien paga, manda”. México es un país que puede pagar el costo del Plan íntegramente. Sólo representa una pequeña proporción de los ingresos petroleros y públicos. En cambio, aceptar la donación nos pondría completamente en manos del gobierno de Estados Unidos; al punto simbólico de que el Plan se sufragaría con el presupuesto y los inventarios militares destinados a Irak.

El Plan no debe servir de pretexto para apoyar fórmulas autoritarias de gobernación. México está en un grave riesgo de que, el peligro de la inseguridad, se utilice para restringir los derechos y someter la inconformidad. El Plan debe contener garantías estrictas contra el paramilitarismo y la violación de los derechos humanos.

El plan y la política de seguridad no deben ser instrumentos de manipulación política y electorera. Es urgente que se construya una política de Estado, de seguridad en democracia, donde la seguridad se sustente en la protección del orden constitucional en su conjunto y en el mejoramiento del sistema de justicia. No una circunscrita a la lucha entre grupos armados, sin restricciones legales.

Al propio jefe del Ejecutivo le conviene que otro poder participe. De otra manera, todas las presiones norteamericanas se concentrarán sobre su persona y, también, él cargaría con todos los costos que un plan de ese género tendrá, desde resultados insuficientes y violaciones de derechos, hasta el debilitamiento de las instituciones nacionales. Sobre todo si éste no está restringido por los principios democráticos, de legalidad y cuenta con el apoyo de todas las fuerzas políticas.

Sería lamentable que mientras el Congreso estadounidense inicia la discusión del Plan, aquí se hiciera todo lo posible por argumentar que no fuera al Senado. Ningún plan de seguridad será efectivo si, de manera simultánea, no se reconstituyen las instituciones, se gana autonomía para el Estado y se enfrentan con mayor determinación los problemas sociales. Cooperación sí; imposición no.